La lista de espera para una residencia en La Rioja no baja de las mil personas, diez veces más que hace 25 años

Hay debates, informes, estudios y la recomendación de un cambio en el modelo hacia unidades de convivencia más reducidas y una asistencia personalizada... Pero los augurios no son nada alentadores por, entre otras claves, el incremento continuo en la esperanza de vida. Los poco más de 70.000 riojanos de hoy serán más de 90.000 en apenas una década.

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El equilibrio no será fácil en un ámbito en el que, cada vez más, la irrenunciable premisa de una atención digna y de calidad choca demasiado a menudo con el interés de los grandes grupos que han visto una gran posibilidad de negocio en esta área. Llueve sobre mojado, pero cada vez arrecia más y la llovizna amenaza con convertirse en un aguacero.

En marzo del año 2000, la lista para obtener una plaza pública o concertada en La Rioja era de solo 130 personas, en una época en la que el tiempo medio de espera rondaba los dos meses y medio en una comunidad que entonces contaba con 27 centros para mayores y 2.218 plazas, 758 de ellas públicas o concertadas. La tendencia empezó a variar en 2016. Ese año, con 3.208 plazas en 31 residencias, el listado ya creció hasta las 342 personas en espera. Hoy, un cuarto de siglo después, la cifra de solicitantes de una cama residencial pública o concertada supera el millar (1.049 a 24 de marzo pasado), una barrera en la que el sistema parece haberse estancado desde hace varios ejercicios: en 2019 la lista de espera era de 1.080 de mayores, al cierre de 2022 los inscritos subieron hasta los 1.150 los inscritos y en noviembre del pasado año engordó hasta los 1.310.

La preocupación existe ante unas estadísticas que, no obstante, hay que tomar con ciertas cautelas (en las listas de espera figuran dependientes con varias solicitudes). De hecho, desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales se matiza que de esa cifra actual de 1.049 inscritos para acceder a una plaza pública o concertada residencial, 903 ya tienen concedido otro servicio de dependencia –Ayuda a Domicilio, Teleasistencia o prestación vinculada al servicio tanto de centro de día como de residencia–. Y un mensaje más, se recuerda desde Servicios Sociales: «Es importante destacar que en la actualidad está la opción de elegir residencia y este derecho del usuario hace que la lista de espera sea mayor porque, en realidad, de media, en menos de dos meses se obtiene una plaza pública, si la persona no acota su plaza a una residencia o a una zona en concreto».

Aunque leve, la mejora en los registros se ha logrado, tras la devastación de la pandemia, con la construcción de nuevos centros y la concertación de nuevas plazas. Después del tsunami vírico del SARS-CoV-2 la comunidad asistió a un repunte constructor para pasar de las 3.323 de 2021 a las 3.917 en 2023 con la apertura de cuatro nuevos grandes centros en la capital riojana. En el horizonte cercano asoma otro repunte con el fin de las obras de dos nuevas residencias: la que construye el Gobierno de La Rioja en Torrecilla en Cameros, con 32 plazas; y la que Vitalia levanta en el barrio logroñés de Lobete, que aportará 158 más para completar un global de 4.107, lo que supondrá casi duplicar las 2.218 existentes en el año 2000.

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Así, en tan solo unos meses La Rioja reforzará aún más su lugar de privilegio en el ámbito nacional, al figurar como una de las seis comunidades que cumplen con la recomendación de disponer de 5 plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años. Con el fin de esos dos proyectos, el indicador actual de 5,50 escalará hasta las 5,72 plazas por cada 100 mayores de 65 años (71.696 según el Instituto Nacional de Estadística), un escenario ideal que, sin embargo, flaquea cuando se fija el foco por zonas, ya que solo superarán la tasa exigible la comarca de Logroño (6,84), la de Anguiano (6,03), la de Haro (5,77), la de Ezcaray (5,59), la de Calahorra (5,00) y la rozará la del Camero Nuevo (4,68) con el centro torrecillano).

«Llevar la tasa a nivel de comarcas no es ni siquiera real. En la mayoría de los casos la gente tiene los hijos en Logroño y su entorno y no quiere usar una residencia allí cuando no puede seguir residiendo en su hogar. De hecho en el Camero Nuevo, en los estudios de los técnicos de Servicios Sociales la residencia de Torrecilla iba con 50 plazas, pero al final todos los indicadores nos decían que había que bajarla a entre 25 y 30. Al final pusimos 32, con la idea de crear dos unidades de convivencia de 16 plazas cada una», advierte la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, quien avanza también los planes para la construcción de una residencia en Baños de Río Tobía «aunque está todavía a nivel de diseño».

«Sigue habiendo necesidad de plazas, desde luego. La lista de espera o de inscritos ha bajado un poco, pero no lo suficiente», defiende, por su parte, desde el sector privado Gabriel Gimeno, presidente de ARTE (Asociación Riojana de Residencias de la Tercera Edad). «En nuestro sector es cierto que la ocupación es alta, pero existen plazas libres disponibles, aunque cambia mucho según unas residencias u otras. Pero es una cuestión demográfica que nadie discute que cada vez van a ser necesarias más residencias, evidentemente», advierte para dejar un aviso casi lapidario: «Yo siempre digo que aquellas residencias que no se estén construyendo ahora mismo lo lamentaremos dentro de 15 años, porque, por el envejecimiento poblacional, no tendremos plazas suficientes».

«No todos nuestros centros tienen plazas concertadas, son privadas, pero nuestro problema nunca ha sido la falta de ocupación, de hecho tenemos importantes listas de espera, por ejemplo en Santa Justa es de 5 años», explica la responsable de Lares La Rioja (del sector solidario sin ánimo de lucro). Sara Alba, tras asegurar que «en los últimos años ha crecido mucho más la iniciativa mercantil que la pública o que la de las fundaciones, cuando habría que ir a lo contrario», aboga por el concierto social con la Administración para que «las entidades del tercer sector no tengan que competir con las mercantiles para prestarle un servicio».

«Si la administración pública le da a cualquier entidad del tercer sector un euro, este se destina en su totalidad al fin último del servicio, pero eso no ocurre en las mercantiles o en una gran corporación, que a final del año tiene una cuenta de resultados en la que debe tener un margen de beneficio», aclara la responsable de Lares, con 12 centros en La Rioja, 850 plazas y más de 400 trabajadores y 95 voluntarios.