
El pasado sábado, un niño de once años fallecía tras sufrir gravísimas quemaduras en una torre de alta tensión en Usurbil (Guipúzcoa) y su ... prima, de 15, resultaba herida. Este lunes, un trabajador de 62 años perecía en la localidad vizcaína de Arrazua después de que la grúa que manejaba tocase un cable. Dos sucesos casi encadenados que hacen plantearse si la seguridad del sector es suficiente. Y Alberto Falces, doctor por la Universidad de La Rioja y profesor de Ingeniería Eléctrica, se muestra contundente: «Las líneas de alta tensión cuentan con una legislación muy clara, todas las maniobras están perfectamente evaluadas y se es muy cuidadoso, porque si no se darían accidentes todos los días».
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El foco se pone en la alta tensión, que engloba a las instalaciones que superan los 1.000 voltios en corriente alterna. La Rioja cuenta con en su territorio con una tupida red de transporte, perteneciente a Red Eléctrica; distribución, propiedad de compañías entre la que la predominante es I-DE Redes de Iberdrola; y la propia de empresas y particulares, como las del Consorcio de Aguas o las líneas de evacuación de parques eólicos o solares.
Su presencia se ha convertido en algo tan cotidiano que, en demasiadas ocasiones, no se percibe el peligro. «Existe una falta de educación general en cuestiones de electricidad. Mucha gente teme a cosas que no le pueden hacer ningún daño, pero no a lo que de verdad es peligroso», argumenta Falces.
Por ejemplo, torres como la de Usurbil, que no se encontraba vallada porque esa precaución no es obligatoria. «Sería imposible vallar todas las torres o tener un vigilante de seguridad en cada una. ¿Sería lógico vallar todos los pasos de cebra porque hay accidentes?», se pregunta Falces. Lo que dice la ley, y se investiga actualmente, es si se cumplían las normas recogidas por el Real Decreto 223/2008.
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Por ejemplo, que haya carteles de riesgo por peligro eléctrico es «recomendable en todos los apoyos» pero obligatorio en las líneas de tensión superior a 66 kv y en las torres «situadas en zonas frecuentadas». Precisamente en esas zonas de acceso público y «donde la presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente» se deben «disponer de las medidas oportunas para dificultar el escalamiento hasta una altura de 2,5 metros». La ley es clara también a la hora de exigir un mantenimiento, con inspecciones cada tres años, o en obligatoriedad de comunicar cualquier accidente con personas o animales protegidos en un plazo máximo de tres meses.
Según Falces, todo se cumple escrupulosamente. Pero fuera del sector, el desconocimiento es evidente. Por ejemplo, el profesor de la UR recomienda no aproximarse a las torres por una mera cuestión de seguridad «aunque si se toca la estructura no debería ocurrir nada porque la chapa está conectada a tierra». Y también explica que no hace falta rozar un cable de alta tensión para sufrir quemaduras mortales.
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«Debemos trabajar en educación y concienciación», reflexiona y pone como ejemplo a los menores y la influencia de las redes sociales. «Ese fallecimiento es una pena y nadie puede devolver ese niño a sus padres. Pero debe servir para tener una conversación con nuestros hijos, explicarles los peligros y concienciarles de lo que no se puede hacer bajo ningún concepto», resume.
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