La Ley de Residuos forzará el próximo año un alza generalizada de las tasas de basura

Negro sobre blanco, ese futuro inmediato está plasmado desde 2022, el año en que España aprobó la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aunque su germen nació mucho antes, hace 16 años, cuando la Comisión Europea dio luz verde a la Directiva 2008/98/CE, en la que bajo la omnipresente amenaza de cuantiosas sanciones comunitarias, se fijaron unos ambiciosos objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales, acompañados por la obligatoriedad a todos los estados miembros de implementar medidas e instrumentos económicos, como nuevas tasas y el desembarco hacia un futuro sistema de pago por generación de residuos.

En el mandato comunitario se trazaba una hoja de ruta para la obligatoria reutilización y reciclado de los residuos municipales –la mitad en 2020, el 55% en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035–, además de imponer la recogida separada de ciertas fracciones: biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2023 y los textiles y domésticos peligrosos antes de que expire este año 2024.

El primer aviso severo por parte de la Comisión Europea no tardó en llegar, ya que en 2018 alertaba a España del riesgo de incumplimiento del objetivo de reciclado para 2020 y le conminaba a establecer tasas obligatorias a los hogares y un sistema fiscal armonizado para la eliminación de los residuos.

Las 'recomendaciones' comunitarias fueron traspuestas por el Estado español en la aprobada Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en la que se incluyeron tanto las obligaciones de recogida separada, como la obligación de revisar las ordenanzas municipales y los contratos en el plazo de tres años, además de a obligatoriedad de que las entidades locales establezcan en el plazo de tres años una tasa de prestación patrimonial de carácter público no tributario (PPPNT), que deberá ser «específica, diferenciada y no deficitaria y que permita implantar sistemas de pago por generación»; y, a la par, el impuesto estatal al depósito de residuos en vertedero, incineración y coincineración de residuos.

En definitiva, pasados esos tres años, el periodo concluye el 10 de abril de 2025, los ayuntamientos están obligados a que la recogida de residuos tenga 'coste cero' para las arcas municipales. Hasta ahora, la mayoría de servicios municipales eran deficitarios, ya que los Consistorios no giraban la totalidad del coste a sus vecinos. En España, con un gasto medio de unos 92 euros por vivienda y año, con las tasas ciudadanas solo se cubría entre el 60% y el 70% de la partida total destinada a la gestión de los residuos urbanos.

A nueve meses de que expire el plazo, los ayuntamientos cruzan sus datos para no pillarse los dedos y fijar unas tablas que pueden, en algunos casos, sufrir escaladas de infarto para el contribuyente. Es imposible ahora mismo trazar una radiografía ni siquiera aproximada, la casuística es tan dispar como la cifra de municipios existentes en España, 8.132, incluidos los 174 de La Rioja.

Algunos ayuntamientos ya han aplicado subidas en los dos últimos ejercicios, otros han aplazado su decisión e incluso algunos tienen congelado dicho impuesto desde hace una década o más y tendrán que aprobar incrementos que dupliquen incluso tus tarifas vigentes.

«Realicen o no una labor consorciada de recogida y tratamiento de residuos, la Ley 7/2022 afecta a todos los municipios por igual y todos tienen que adaptar las tasas municipales que cobran al ciudadano», aclara José María Infante, director general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, además de presidente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, quien, tras citar que en los costes municipales de gestión de los residuos influyen los gastos de recogida y transporte, los del tratamiento y otros varios, como el de limpieza en el entorno de los contenedores, explica que «lo que establece la ley es algo muy concreto: que a nivel municipal se que fijarse una tasa que recoja todos los costes de la gestión de los residuos, una tasa diferenciada, pero claro, hay 174 ordenanzas municipales en la Comunidad Autónoma de La Rioja».

El Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja también tuvo que adaptarse a la ley estatal y desde la aprobación de la misma incorporó a la tasa que cobra a los ayuntamientos riojanos por el tratamiento de residuos en el Ecoparque los sobrecostes derivados de la nueva legislación. «El paso que tienen que dar ahora los ayuntamientos es trasladarlo a los ciudadanos de tal manera que todo lo que le cuesta la gestión de esos residuos lo paguen los ciudadanos y que ese servicio no pueda ser deficitario ni tenga que echar mano de otras partidas municipales o de otros recursos presupuestarios», incide Infante.

Esos sobrecoste en el tratamiento en el Ecoparque, en el que también se asume todo lo relacionado con el rechazo, ha supuesto aproximadamente unos 15,5 euros de incremento por tonelada de la fracción resto. «Como media a cada ayuntamiento le está suponiendo un incremento de unos 5,30 euros por habitante, aunque es un promedio porque hay que tener en cuenta las variables de cada municipio», concreta el director general que advierte de que «antes los costes totales de los residuos eran más o menos al 50%, tanto en recogida y transporte como en tratamiento, pero hoy hablamos ya de un 44% en recogida y un 56% en tratamiento». Según los cálculos del Consorcio, la media actual estimada de coste en fracción resto estaría en unos 58,5 euros por habitante, tras la subida de ese 14% por el impuesto al vertido contemplada en esa nueva ley de 2022. Por residuos, ascendería a unos 162,5 euros por tonelada.

«La subida fuerte para los ayuntamientos fue del año 2022 al 2023, en este 2024 también se ha incrementado aunque de forma más amortiguada, y algunos ya se lo han trasladado al ciudadano pero otros tendrán que hacerlo», insiste el presidente del Consorcio, quien reitera que «de la fracción resto, de la bolsa que dejamos en los contenedores verdes y grises, el impuesto al vertedero ha supuesto una subida de 15,5 euros por tonelada».

Por ello, tras recordar que la directiva comunitaria y la ley estatal persiguen que «el proceso se realice de una manera diferenciada y que quien más genere, quién no recicle, pague más», Infante defiende que «ahora la mitad de lo que dejamos en el contenedor de fracción resto es materia orgánica que si la separáramos y la depositáramos en el contenedor marrón, no habría tanto rechazo ni se incrementarían tanto los costes».