La 'ley mordaza' ha dejado más de treinta mil sanciones en La Rioja hasta 2022

La pasada semana, la derogación o reforma de la ley volvió a saltar a la actualidad informativa por un anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz que fue después suavizado por dirigentes socialistas. El compromiso del Gobierno de renovar la polémica ley puesta en marcha en 2015 por el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy sigue años después sin cumplirse, entre las demandas de sindicatos y colectivos sociales. El intento que más cerca estuvo de fructificar fue el de 2021, que levantó la oposición de representantes de policías y guardias civiles, pero quedó en nada.

Mientras, la ley sigue acumulando sanciones en nuestra región, sumando más de treinta mil en ocho años –con un importe medio de 572 euros–, y experimentando además una evolución en ascenso, de las 2.014 del año 2015 a 4.100 de 2022, con un destacadísimo salto en 2020 derivado de las medidas impuestas contra el covid.

Por capítulos, la 'ley mordaza' ha concentrado más de la mitad de las denuncias riojanas en los delitos relacionados con drogas, especialmente por el consumo o tenencia en la vía pública (19.512), que es, sin duda, el artículo más destacado. Las menores son las del apartado de armas, si bien su tenencia ilícita o uso negligente es la cuarta causa de denuncias (2.242) en la región.

Finalmente, casi una de tres sanciones se han dado por aspectos relacionados con seguridad ciudadana, los más cuestionados.Entre ellas se incluyen las faltas de respeto o consideración a policías o guardias civiles (2.629 denuncias desde 2015 con un importe medio de 235 euros) y de desobediencia y resistencia a la autoridad (6.250 de 712 euros de media), con un claro repunte durante las restricciones pandémicas. Parte de estas multas –398.763 euros más los intereses a 1.323 sancionados– fueron devueltas después de que el Tribunal Constitucional fallase que el primer estado de alarma no se ajustaba a la legalidad.

Otros apartados polémicos de la ley apenas han tenido incidencia en la región, como el uso de imágenes de miembros policiales, que ha registrado tres multas en ocho años, o la celebración espontánea de manifestaciones, que ha derivado en dos.

La 'ley mordaza' ha sido un recurrente foco de debate y ahora sus detractores vuelven a señalar la urgencia de renovarla «y cumplir el compromiso que adquirió el Gobierno en 2018», comenta Gregorio Martín, portavoz de Amnistía Internacional. Para Martín, la 'ley mordaza' supuso un «intento de frenar la movilización social después de las protestas por la situación laboral, de la vivienda, los recortes en sanidad y educación...».

«Convertía faltas leves del Código Penal, sobre las que el juez decidía, en procesos administrativos sancionadores que invierten la carga de prueba, presuponen que eres culpable y toman los testimonios policiales como verdad incluso sin otras pruebas», denuncia Gregorio Martín, que alude también a la «ambigüedad y discrecionalidad de la ley», que «criminaliza a quien ejerce su derecho a la protesta».

Por otra parte, César Heredero, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), opina que «no supone un retroceso en derechos y seguimos teniendo cientos de manifestaciones al año sin ningún tipo de problemas». Para Heredero, las recientes propuestas de reformas sobre la ley «las hace quien no conoce el terreno ni el oficio», y responden a «un intento de legislar desde un punto de vista ideológico, ya que el ciudadano perdería sin esta ley, que es la que nos permite protegerle». Además, el secretario general del SUPvalora que la ley de 2015 «es un calco de la anterior de 1992. Yo he trabajado con las dos y es lo mismo, apenas cambia».

Sin embargo, no opina así el portavoz de Amnistía Internacional: «La 'ley mordaza' es prácticamente un catálogo de conductas sancionables, trajo muchas faltas leves del Código Penal sobre las que antes decidía un juez».

Desde la vertiente sindical, Isabel Blanco, secretaria de política sindical de UGT-La Rioja, señala que el nuevo intento de reforma «no va al centro de la ley, de lo que aspiramos a eliminar». «Instamos a las fuerzas progresistas a que no dejen pasar la oportunidad de modificar una legislación regresiva, que afecta a las libertades individuales y colectivas. Una democracia sana exige una nueva ley de seguridad ciudadana», concluye Blanco.