El lento despliegue de puntos de recarga lastra las ventas de vehículos eléctricos en La Rioja

De acuerdo con el último informe de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), entre enero y mayo de este año se han vendido en La Rioja 1.303 turismos y todo terrenos. La mayoría son de gasolina, diésel e híbridos no enchufables y una pequeña parte, 151 en total, que representan el 11%, son eléctricos e híbridos enchufables. Una cifra algo menor que la de matriculados durante el mismo periodo del año pasado y que refleja una tendencia nacional con el agravante de que se produce cuando falta en torno a un mes para que finalice el plan Moves, un programa de ayudas diseñado precisamente para incentivar la movilidad eléctrica, y que, en teoría, «debería haber producido el efecto contrario». Quien así lo dice es Eduardo de Luis, presidente de la Asociación Riojana de Automoción (Ariauto), que considera que la razón del frenazo en las ventas de este tipo de vehículos es una suma de factores.

A su juicio, uno de los que más lastra este mercado es el lento despliegue de los puntos de recarga. De acuerdo con el último mapa de infraestructuras dispuestas para los coches eléctricos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), La Rioja, a finales del pasado mes de marzo, contaba con 204 puntos de recarga, cerca de un centenar más que en agosto pasado, un aumento insuficiente para alcanzar el objetivo marcado de 1.861 puntos de recarga de acceso público necesarios para dar cobertura y para cumplir con el Fit for 55 en 2030.

No sólo influye la lentitud en el despliegue de esta infraestructura, fundamental para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia por carretera, también juega en contra la potencia instalada. El 67% de ellos (138 en total) son de baja potencia, es decir, por debajo de 22 kw, con un tiempo mínimo de recarga de 3 horas, pero que pueden superar con creces este tiempo. El resto, permiten recargas que pueden oscilar entre tres horas y diez minutos. Sólo seis puntos superan los 250 kw, lo que significa que la batería puede estar al completo en tan solo 10 o 15 minutos.

El precio de estos vehículos es otro factor en contra. Son más caros que los coches convencionales, salvo los de fabricación china, a los que Europa propone fijar aranceles, aunque, por lógica, «si hubiese más consumo de coche eléctrico habría un abaratamiento de la producción», precisa De Luis.

Los fabricantes chinos, explica, son empresas del país, no tienen el régimen de empresa privada y el coste de las producciones está subvencionado, de ahí que los que vienen a Europa «son tremendamente competitivos en precio». Esta es la razón por la que la UE estudia gravar su importación, como ocurrió en los noventa cuando empezaron a entrar coches japoneses y coreanos. Entonces había un cupo de importación y sólo se podía traer una cantidad que iba aumentando cada año. De Toyota, por ejemplo, podían entrar 2.000 coches, 2.200 al año siguiente, así hasta que en 1998 se dio vía libre.

La incertidumbre sobre el futuro de este mercado también frena las matriculaciones. «Al principio todo el mundo se lanzó a una loca carrera del coche eléctrico por el anuncio de la UE de que en 2025 no se podrá vender ningún vehículo que emita emisiones a la atmósfera», pero, en su opinión, el ritmo de fabricación ha sido más rápido que el de concienciación de los ciudadanos.

El pasado jueves el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, anunció en el pleno del Parlamento regional una partida de un millón de euros para la compra bonificada de vehículos. El objetivo es impulsar el sector de la automoción, cuyo peso sobre el PIB ha caído un 40% en los últimos años, y renovar el parque automovilístico que, de media, tiene 15,6 años, casi el doble que en 2008.

Mientras el mandatario hacía el anuncio, representantes de Ariauto se reunían con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) para empezar a esbozar cómo serán las ayudas. «La idea es llegar al mayor público posible», señala el presidente de la patronal, quien, aunque todavía es prematuro, no descarta que estas ayudas se puedan aplicar incluso en la compra de coches de segunda mano con emisiones a la atmósfera inferiores a los 135 gramos por kilómetro.

El objetivo final también es incrementar la seguridad vial porque si la edad media del parque automovilístico es de 15,6 años, significa que hay vehículos con hasta 30 años circulando. Además, según sus datos, un 20% de los coches no van a la ITV «porque saben que no la van a pasar» lo que al final genera un claro problema de inseguridad en las carreteras.