Javier Marca | Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

«El 'lawfare' es una cortina de humo que se ha usado con finalidades políticas»

– La Justicia riojana cerró 2023 con más asuntos pendientes que nunca ¿cuál es el plan?

– Sabemos que los datos no son buenos, pero sabemos las razones que han llevado a los mismos. Son razones más coyunturales que estructurales, ligadas a las huelgas que han sido reiteradas y prolongadas en el tiempo. La solución es que tenemos que hacer unos planes de refuerzo, pero el CGPJ no lo aprobó a efectos económicos. No obstante, creo que los atrasos se van a ir absorbiendo en este 2024 y para los órganos más comprimidos hemos aprobado dos refuerzo transversales por seis meses.

– El colapso provoca retrasos en ciertos asuntos, dilaciones que sirven de atenuante en casos que al ciudadano de a pie pueden chirriarle ¿Cómo le explicaría que, por ejemplo, la condena para un asesino puede ser sustancialmente menor por esas dilaciones?

– Siempre nos sometemos a lo que el legislador establece, es decir, al juez le puede gustar más o menos, pero tiene obligación de aplicarla. Yo, personalmente, soy contrario a la prisión permanente revisable. No me parece ni útil ni compatible con mi sensibilidad en materia de derechos humanos ni con la idea de resocialización de la Constitución española, pero eso no me ha impedido confirmar dos prisiones permanentes revisables. Lo que es cierto es que el concepto de dilaciones indebidas está establecido como circunstancia atenuante en nuestro Código Penal y en tanto esté ahí quiere decir que tenemos que aplicarlo.

– La Fiscalía alertaba recientemente del incremento de las agresiones sexuales de menores a menores. ¿Qué está ocurriendo?

– ¿Que se están produciendo más abusos sexuales en el ámbito de los menores? Sí. ¿Que no son números alarmantes? También es cierto, pero son delitos especialmente repudiables y delitos que llaman mucho la atención pública. Nuestra juventud está cambiando, está cambiando su formación, su modo de delinquir. En materia de libertad sexual siempre ocurre que cuando hay una mayor libertad hay personas que confunden lo que pueden hacer porque tal vez lo han visto en películas de adultos a las que tal vez no tendrían que haber tenido acceso, y no se dan cuenta de que los derechos y libertades de los menores tienen el límite de los derechos y libertades de la menor de enfrente, que tiene derecho a decir no o a que si no dice con cierta claridad que sí, no hay que hacer lo que pretendes hacer por más que hayas visto siete series de agresiones sexuales, de agresiones físicas o de violencia.

– Cambiando de tercio, hace unos días el presidente Sánchez dijo que había sido víctima de 'lawfare'. ¿Entiende esas acusaciones?

– Yo creo que esto del 'lawfare', que en realidad lo que quiere decir es que es una lucha sucia por parte del ámbito judicial contra determinadas personas, ideologías o ámbitos políticos, es un cortina de humo, simplemente, no tengo la percepción de que eso pertenezca al mundo de la realidad. Es una cortina de humo que se ha utilizado con finalidades políticas y lo digo porque tengo el convencimiento de que la independencia judicial pertenece al ADN de los jueces, es decir, en nuestro fuero más interno somos rabiosamente independientes. Esto es una convicción que tengo desde hace años. En mi experiencia personal, llevo 32 años en el ejercicio de la jurisdicción, 25 de ellos en Cataluña, y jamás he tenido a nadie que me llame o intente presionarme para adoptar una decisión en un sentido o en otro. El que conozca mínimamente el funcionamiento de la administración de Justicia sabe que esto no es real. Cuando se señala el 'lawfare' se señala a 3 o 4 personas, fulanito el instructor de no sé qué causa, menganito el instructor de otra causa y la sala segunda del Supremo. Pero, por ejemplo, si el juez instructor dicta una resolución y se la recurren quién conoce eso es una sala compuesta de tres magistrados que cada vez va cambiando, y si te confirman lo que estás haciendo ¿todos están en el 'lawfare'? Eso es totalmente impensable. Todo gran poder comporta una gran responsabilidad, el juez instructor tiene un gran poder, sí, pero es un poder que está limitado, es decir, puede acordar la detención de alguien pero para ingresarlo en prisión lo tiene que pedir el Ministerio fiscal. Por tanto, el Ministerio fiscal, que alienta muchas de estas investigaciones y muchas veces es quien lo propone, ¿también está en el 'lawfare'? Además, los fiscales no dependen del CGPJ, sino de la Fiscalía General del Estado, que ha sido nombrada por el Gobierno, entonces, ¿también está en el 'lawfare'?

– Hace unos días el fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, recusó a los magistrados del Supremo que tienen que decidir sobre su continuidad, un movimiento criticado por sus compañeros en el Alto Tribunal ¿Qué le parece a usted?

– Conozco personalmente al fiscal general del Estado y además le agradezco que asistiera a la toma de posesión del fiscal superior de La Rioja. Su nombramiento ha sido objeto de cuestionamiento y lo han cuestionado compañeros suyos de la Fiscalía. Yo creo que, a día de hoy, su nombramiento tiene plena legitimidad en tanto en cuanto no haya una resolución de la sala cuarta del Supremo que diga lo contrario. Hay que respetar las instituciones y por más que se hayan cuestionado y estén sometidas a un procedimiento que se va a revisar, tenemos que partir de la plena legitimidad. Siendo como es, a día de hoy, un nombramiento plenamente legítimo, él tiene la facultad de presentar una recusación contra los miembros o el miembro de la sala que él considere que tienen una animadversión personal contra él, eso es así. Lo que me resulta un poco más insólito es que se recuse a todos o a la mayoría de los miembros de una sala, porque que todos o la mayoría tengan animadversión personal o interés es muy dudoso. Tal vez el fiscal general del Estado tendría que haber pensado más el hecho de utilizar ese instrumento porque mi previsión, sin ver el procedimiento, es que las recusaciones globales casi nunca triunfan. Lo digo porque ha ocurrido con el Constitucional, y cuando intentas recusar a toda una sala parece que buscas que pongan otra sala que te vaya mejor a tus intereses más que recusar por unas causas determinadas que están tasadas. En mi opinión, es una recusación que tiene escasas probabilidades de éxito.

– Más de cinco años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ¿ve solución a corto plazo?

– La renovación del CGPJ debe cumplirse en sus plazos, está marcado en la Constitución, y el problema es que se está dilatando en demasía su renovación. El problema proviene, en mi opinión, del sistema de elección. No es el que había inicialmente. El CGPJ tiene veinte miembros y entre los veinte nombran a un presidente, en total, veintiuno. De los veinte miembros, la Constitución dice que doce tienen que elegirse entre jueces y magistrados y ocho entre juristas de reconocida competencia. En su estado inicial, el Consejo elegía a los doce miembros de procedencia judicial y los ocho restantes, el Parlamento. Se cambió la ley orgánica para que los nombrara todos el Parlamento. Esa ley se llevó al Constitucional y dijo que ese sistema era constitucional pero advertía del riesgo de que a la elección de los miembros jueces y magistrados se traspasasen las disputas y la división ideológica que mantenía la sociedad. La cuestión es que si el procedimiento hubiese sido el inicial no tendríamos ningún problema en elegir a doce miembros, si ya hemos propuesto a 36. Resulta curioso que ninguno de los miembros del CGPJ, que tiene que velar por los derechos de todos los jueces, sea nombrado por un juez. Hay veintiún miembros y los jueces y magistrados de toda España no elegimos a ninguno, proponernos 36, sí, pero ¿a quién elegimos? A ninguno. Resulta que nos impiden nombrar a los doce miembros, luego no se ponen de acuerdo y encima el problema es de los jueces, no, el problema es del legislador que ha cambiado la ley orgánica, y del Parlamento que no convoca a los distintos grupos a debatir este tema. Además, el legislador ha elegido con su ley 4/2021 que el Consejo no pueda hacer nombramientos discrecionales y ¿para qué lo hizo? Yo no lo entiendo. Los parlamentarios tendrán que explicar por qué han impedido a un órgano constitucional ejercer una de sus funciones, qué eran los nombramientos discrecionales. Esto ha provocado un problema adicional. Otros consejos han estado en funciones y a ninguno se le ha limitado su capacidad de hacer cosas. ¿Era necesario hacerlo? Yo creo que el CGPJ ha sido limitado en su capacidad de hacer nombramientos por razones ajenas al interés de la administración de Justicia.

– Sánchez, tras los cinco días de reflexión, anunció medidas judiciales ¿prevé un cambio de las mayorías en la elección de los miembros del CGPJ?

– Son decisiones que pertenecen a la política y son ellos los que tienen que deliberar esto, pero no creo que sea lo deseable. El principio de separación de poderes es el básico de las sociedades democráticas, entonces, si el partido o grupos de partido que conforman el gobierno tiene la mayoría en el legislativo y en el ejecutivo y son ellos mismos y solos los que determinan quienes son los miembros del Consejo, el órgano de control de los jueces estaría afectado por una parcialidad. No creo que el legislador, cuando estableció amplias mayorías, lo hiciese con la idea de que el partido que consiga la mayoría pueda controlar todos los poderes del Estado porque va en contra del sentido mismo de separación de poderes.

–La ley de amnistía está a punto de terminar su tramitación parlamentaria pese que un informe del Poder Judicial advirtió de su inconstitucionalidad.

– Tengo por costumbre no pronunciarme sobre leyes que no están en el BOE, porque si el presidente del Gobierno hubiese dimitido a lo mejor la ley de amnistía no se hubiese publicado nunca. Como tal, la amnistía es una institución que no me gusta demasiado, ni siquiera me gustan los indultos. Hay determinados tipos delictivos que estamos obligados a perseguir, no sólo personal, sino además penalmente. El indulto supone que se arrepiente y el Estado es magnánimo y le da un indulto, pero es que la amnistía va más allá. Determina que el delito no existió y si no existió ¿por qué persiguieron a alguien? Además, si no existió, en puridad, habría que compensar a esa persona porque ha sido perseguida ilícitamente por parte del Estado, pero las propias normas de la amnistía ya dicen que dinerito no. Y si el delito no existió también se cuestiona la esencia misma de la función jurisdiccional porque parece que el Estado en sí ha perseguido indebidamente a alguien por unos delitos que nunca lo fueron y se han adoptado unas medidas cautelares teniendo a alguien preso durante 'x' tiempo. Además, muchas veces esa decisión la ha tomado el más alto tribunal de nuestro país, el Supremo, porque muchos de ellos estaban aforados.