La irrupción del COVID prácticamente paralizó la marcha de los juzgados riojanos en 2020. Salvo algunos asuntos inaplazables, al igual que ocurrió en el resto de la sociedad, la justicia entró en una especie de hibernación obligada por las medidas que se adoptaron para ... limitar la expansión de un virus hasta entonces desconocido.
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Sin embargo, el año pasado los juzgados de la región recuperaron e incluso superaron el ritmo previo a la pandemia. Con la maquinaria a todo gas, lograron resolver a final de año más asuntos de los que entraron. Esta sería la foto general, pero si se entra al detalle, la buena marcha no fue igual para todos las jurisdicciones. De hecho, las cifras de actividad se vieron lastradas por el casi endémico atasco penal. El motivo es la falta de personal, sobre todo en la Audiencia Provincial, a la que llegan asuntos en apelación de hasta otros trece órganos. Una carencia que arrastra año tras año y a la que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, considera que se le podría poner fin con un sexto magistrado en la Audiencia, reivindicación casi histórica que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no terminan de atender.
La jurisdicción de lo Penal es el talón de Aquiles de la justicia regional, incapaz de digerir el ingente volumen de demandas con los medios de los que dispone. Solo en 2021 entraron 13.182 asuntos, es decir, unos 878 de media por órgano judicial, y se resolvieron 13.064 con lo que a final de año, teniendo en cuenta que se arrastraban más de 4.600 del año anterior, quedaron pendientes de resolver cerca de 5.000. Para hacerse una idea del volumen, solo en esta jurisdicción ingresaron el 43% del total de asuntos. El resto se repartieron entre Civil, Social y Contencioso Administrativo.
Tampoco el año pasado se cumplieron los augurios sobre la avalancha de demandas laborales en la era postpandemia. Se temía un colapso de la jurisdicción Social que finalmente o al menos de momento no se habría hecho realidad.
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En cuanto a las grandes cifras, en total, durante el año pasado los órganos judiciales riojanos resolvieron 30.385 asuntos, lo que supone un 20,8% más que en 2020, año de la pandemia y un 10,2% más que en 2019. Una situación que se repite en el conjunto del país, donde los casos resueltos también aumentaron un 20,9%, según el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el cuarto trimestre de 2021, difundido por el Consejo General del Poder Judicial.
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43% de todos los asuntos que entraron a los juzgados de la región lo hicieron en alguno de los órganos de la jurisdicción penal, la que arrastra la mayor saturación de la justicia en la región.
Respecto a los asuntos ingresados, entraron 30.336 frente a los 25.760 de 2020, es decir, un 16,5% más. Además, se dictaron 9.393 sentencias, 12.363 autos y 8.936 decretos. La Rioja es una de las comunidades autónomas donde más asuntos se resuelven por sentencia, sobre todo, en la jurisdicción Penal. En cuanto a los asuntos en tramitación quedan pendientes de resolver 14.261 causas, un 0,02% menos que en 2020. Y sobre la litigiosidad, al igual que en años anteriores, registró la menor tasa junto con el País Vasco y Navarra.
Durante 2021 se produjo un incremento en el número de denuncias recibidas por violencia de género respecto a 2020, año en el que seguíamos bajo los efectos de la crisis sanitaria. A lo largo del año pasado llegaron a los juzgados riojanos 823 denuncias relacionadas con esta materia frente a las 768 que ingresaron en 2019, lo que evidencian un aumento del 7,2%. Aun así, el incremento es menor que el de la media nacional que se sitúa en el 8%, según los datos estadísticos hechos públicos ayer por el Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial.
También aumentó la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres. Durante 2021 se situó en 50,7 mientras que en 2020 fue 47,7. No obstante, La Rioja se encuentra entre las cinco comunidades con menor tasa del país y bastante por debajo de la media que es de 66.
En 2021 se incoaron 310 órdenes de protección y seguridad de la víctima, un 24,5% más que en el año anterior. Se acordaron 266 de las solicitadas, lo que supone el 85%, uno de los índices más altos de España junto al de Aragón y la Comunidad Valenciana. 114 mujeres declinaron declarar ante el juez, frente a las 53 del año anterior.
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