El propietario de una vivienda a la que alguien ha entrado ilegalmente sabe que se enfrenta a un asunto peliagudo... y largo. Durante el pasado año, los jueces riojanos tardaron una media de nueve meses en expulsar a un ocupa de un inmueble, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
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Se trata del tiempo más largo en los últimos cinco años, casi el triple que en 2019, cuando la tardanza era de 3,3 meses. Con el paso de los años, estas demoras han ido al alza, aunque con vaivenes: en 2020 subieron hasta los 6,2 meses, en 2021 se llegaron a 7,8 y en 2022 se rebajaron a 6,9, por lo que se trata de una cifra histórica en un año marcado por las huelgas judiciales, especialmente la de los letrados de la Administración, que ha provocado numerosas dilaciones en todo tipo de procedimiento.
En el caso de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda, solo hay cuatro riojanos en los que la Justicia actuó más rápida que en La Rioja. Se trata de Aragón y Asturias (6,4 meses como media), País Vasco (7,4) y Cantabria (8). En el polo opuesto se encuentran Castilla y León y Murcia, comunidades en los que la resolución judicial a este problema puede demorarse entre 15,2 y 14,7 meses.
Las demoras aumenta y también lo hacen las entradas ilegales en viviendas. Según los últimos datos del Ministerio de Interior, en 2023 se denunciaron 52 ocupaciones de inmuebles, una cada semana. En 2020 la cifra fue de 14, en 2021 aumentó a 41 y en 2022, a 45. Con un incremento del 15,6%, La Rioja fue la segunda región donde más subieron estas denuncias, solo por detrás de Asturias.
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