Una de justicia y un sórdido asesinato

El juicio comenzó el 31 de enero y el testimonio de decenas de testigos, el visionado de cámaras de seguridad y varios audios de la propia procesada fueron hilando jornada a jornada el relato de un suceso desgarrador que apenas dejaba resquicio de duda. La acusada, según la sentencia que en marzo dictó el tribunal, había urdido un plan para suicidarse matando antes a la pequeña. Un macabro guión maquinado junto a su madre, la abuela de la menor, Olga Febles. Su cadáver fue hallado dos días después del asesinato en el río Ebro. Se había quitado la vida una vez arrebatada la vida a Carolina.

Una estafa millonaria, una separación tormentosa, la pelea de la madre por recuperar la custodia y una relación de dependencia fueron los ingredientes que cocinaron una tragedia que mereció la mayor de las condenas, aquella reservada para los delitos de excepcional gravedad. Adriana Ugueto fue sentenciada a prisión permanente revisable.

Aquel juicio fue el más mediático del año, pero hubo otros que, sin concentrar tanto la luz de los focos, zanjaron crímenes cometidos durante el confinamiento más estricto. El hombre acusado de matar a su madre en junio de 2020 fue condenado a veinte años de prisión y tratamiento psiquiátrico. El acusado padecía un trastorno esquizoafectivo y había protagonizado múltiples ingresos psiquiátricos.

En agosto, con un calor especialmente tórrido y las redacciones de los medios de comunicación a medio gas, la noticia saltaba a 70 kilómetros de Logroño, en un paraje remoto en las proximidades de Viniegra de Arriba. En la tarde del 11 de agosto, un agente forestal vio a dos individuos circular con una furgoneta por una pista forestal y arrojar un cadáver a la torca de Hoyo Mingo. Esa misma noche fueron detenidos dos hombres, uno de ellos un conocido vecino de Viniegra de Arriba, y otro, residente en Alberite. El motivo del sórdido crimen, según concluyó la investigación, fue un ajuste de cuentas relacionado con la venta de drogas. Los dos arrestados tenían un dilatado historial delictivo. De hecho, uno de ellos disfrutaba de un permiso penitenciario cuando supuestamente cometió el crimen.

Las pesquisas fueron destapando los detalles más luctuosos de una trama ideada para acabar con la vida de Djafer Bechkat, un argelino de 45 años. El 9 de agosto, uno de los detenidos convenció a la víctima, a quien debía 13.600 euros, para acudir a Viniegra de Arriba con el fin de saldar la deuda. Una vez allí, los dos arrestados condujeron a su víctima a un paraje apartado, le golpearon y le mataron de un disparo en la nuca. Después envolvieron su cabeza en una bolsa que cerraron con bridas e introdujeron el cuerpo en la furgoneta propiedad de uno de ellos. En su interior permaneció dos días. El día 11 arrojaron el cuerpo a la sima.

Sin duda el calor destapó el trágico suceso. Dadas las altas temperaturas y con el fin de minimizar el riesgo de incendio, el Gobierno había prohibido la circulación de vehículos por caminos y pistas forestales y la imagen de la furgoneta transitando por el camino que conduce a la torca Hoyo Mingo a plena luz del día levantó las sospechas del agente forestal que dio el aviso.

Más allá del crimen de Viniegra de Arriba, la crónica negra ha llenado páginas y páginas de este diario en 2022. Y a diferencia de la crónica política, lo ha hecho sin programar, sin agenda, sin guión previo y sin preaviso.

El último día de julio la tragedia golpeó a la capital. Minutos antes de las 18 horas un hombre fallecía tras una explosión en el quinto piso del número 76 de la calle Pérez Galdós. La fuerte detonación precipitó el cuerpo de la víctima al patio interior del inmueble y obligó a desalojar el edificio. El fallecido era un hombre de 40 años que vivía solo.

En mayo, otra explosión, esta vez en el depósito de aceite de la planta de biodiésel de la empresa Iniciativas Bioenergéticas, en el Recuenco, en Calahorra, dejó dos fallecidos. Eran dos soldadores de 33 y 40 años que trabajaban en ese momento en las instalaciones. A la deflagración le siguió un incendio con llamas dantescas. La investigación para esclarecer el origen de la explosión pasó manos de la Fiscalía. También entonces se conoció que la misma empresa ya había sido condenada con anterioridad por un delito medioambiental. Los hechos estaban relacionados con unos vertidos a través de una arqueta a la acequia de riego de la zona, perjudicando a 22 parcelas de regadío. La empresa no tenía autorización.

En mayo, con el asesinato del pequeño Álex demasiado reciente en la memoria de los vecinos de Lardero, la presencia de un hombre merodeando por la zona despertó no tan viejos demonios y reavivó la angustia y los temores de las familias que unos meses atrás habían vivido de cerca el crimen de Entre Ríos. El individuo, de 41 años, fue detenido y enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de acoso a menores de edad.

Precisamente, también este año se ha sabido que Francisco Javier Almeida, en prisión por el asesinato de Álex, se enfrentará desde el banquillo de los acusados previsiblemente en el primer trimestre de este año a la pena de prisión permanente revisable y a otros 15 años por supuesta agresión sexual. Un delito que habría precedido a la asfixia del pequeño por estrangulamiento.

En los últimos meses las investigaciones han ido atando cabos de sucesos que venían de lejos. En febrero era detenido en Italia el presunto autor del asesinato en 2020 del profesor Pedro José Sáez Alfaro. Y en enero, ingresaba en prisión la mujer que sufrió las heridas más graves en la explosión del 20 de diciembre 2021 de un ático en un edificio en Lardero. La Guardia Civil la arrestó por su presunta implicación en los hechos.