La presa de Enciso, el litigio de nunca acabar

Años de litigios continuos por un infraestructura que ha sufrido parones, modificaciones, disputas políticas y que desde se firmó el contrato el 14 de noviembre de 1996 -las obras comenzaron el 25 de febrero de 1997- hasta su definitiva puesta en servicio el pasado año tuvieron que transcurrir 28 años. Precisamente este retraso obligó en 2023 al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico a indemnizar con algo más de tres millones de euros a la UTE Presa de Enciso. La Audiencia Nacional fue tajante en este sentido y ordenó indemnizar a la empresa por el retraso achacable a la administración de una obra que tenía un plazo de ejecución de 36 meses y se prolongó 21 años.

Ahora, la Audiencia Nacional se ha vuelto a pronunciar sobre un nuevo recurso que interpuso la UTE contra la Administración central para reclamar 10,3 millones de euros por la liquidación de una de las modificaciones que del proyecto de la presa, es decir, por sobrecostes en la ejecución de determinadas obras que no estaban previstas en el contrato.

En concreto, el proyecto complementario incluía, entre otras cuestiones, el acondicionamiento de la carretera entre Enciso y Arnedillo, el ensanche y mejora de trazado de la vía entre los kilómetros 3,300 y 4,400, refuerzo del firme, estabilización de taludes, vialidad invernal y la necesidad de utilizar otros áridos para la fabricación de hormigón de acuerdo con un nuevo reglamento de seguridad de presas y embalses que obligó a buscar otra cantera. Por todo ello, además del saldo ya abonado de la liquidación, reclamaba una cantidad adicional de 9,6 millones por los sobrecostes, más 675.303,72 euros en concepto de devolución de las penalizaciones indebidamente aplicadas por no ser conformes con los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha del pago efectivo.

La Audiencia Nacional, en una extensa sentencia, desmonta cada uno de los argumentos de la UTE. Entiende que la empresa contratista, por su «dilatada experiencia práctica» en contrataciones con el sector público, sabe que ni la dirección facultativa ni el contratista pueden introducir modificaciones en el proyecto o ejecutar unidades de obra no previstas sin tener la autorización de la administración y sin haber tramitado el expediente de modificación contractual, y en este caso hubo otro modificado que no fue aprobado pero aún así se realizaron determinadas actuaciones que estaban incluidas en él.

El tribunal reconoce que el cambio de cantera, por la obligación legal de emplear un hormigón específico, supuso una variación en el precio, pero la imposibilidad de utilizar la cantera propuesta en el proyecto de construcción fue lo que motivó el modificado recurrido por la UTE, con las nuevas valoraciones de precios y sin olvidar que el análisis, el estudio de los materiales, las unidades de obra y la ejecución correspondían a la compañía.

La empresa detalló los sobrecostes que dijo que había tenido que afrontar, «pero la obligación de la Administración es abonar la obra realmente ejecutada con las modificaciones realmente aprobadas y acordadas, pero no aquellos medios, elementos y materiales que son necesarios para ejecutar la obra y que corresponde asumir al contratista y que no se ha acreditado que sean imposiciones o decisiones unilaterales del Estado».

La presa de Enciso es, con 46 hectómetros cúbicos, el segundo mayor embalse de la región tras el de Mansilla. La idea de la presa surgió en los años 20 del pasado siglo, pero no se licitó hasta 1993. No obstante, hubo que esperar otros cuatro años hasta la adjudicación en 1997 por 5.857 millones de pesetas y un plazo de ejecución de 36 meses. Los trabajos para levantar la pared de hormigón no se iniciaron hasta once años después. Era 2008. El final se esperaba para diciembre de 2011, pero no fue así. La presa alcanzó los 103 metros de altura proyectados en 2018.

Tras la finalización de las obras de la presa de Enciso, en el verano de 2018, en la que se invirtieron 91 millones de euros, se ha desarrollado la puesta en carga de esta infraestructura, que consta de 12 fases, hasta su puesta en servicio el pasado año.