La Justicia riojana prepara un plan de descongestión tras el fin de la huelga

El 24 de enero comenzó una huelga indefinida que ha prolongado durante dos meses el pulso entre el Ministerio y los letrados de la Administración de Justicia, que desde ese día, cada miércoles, se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia. Las cifras de seguimiento se mantuvieron siempre en torno al 90%, según la Unión Progresista de los Letrados de la Administración de Justicia (UPJS), paralizando la actividad judicial riojana desde el primer día. Con la huelga, los letrados de Justicia reclamaban un aumento salarial en función de las atribuciones que habían ido asumiendo desde 2009. El principio de acuerdo de hace un año no se llevó a término y tras los paros puntuales de noviembre y diciembre, en enero arrancó el definitivo. Finalmente, una subida de entre 430 y 450 euros mensuales ha propiciado el fin de la huelga, aprobada mayoritariamente por los letrados de Justicia y certificada ayer.

En dos meses, en La Rioja se han suspendido 2.335 señalamientos, de los cuales 1.250 son juicios. Además, la huelga ha impedido 33 desahucios, 450 comparecencias en el registro civil, 2.120 diligencias de notificación y retenido cientos de miles de euros en concepto de pensiones o indemnizaciones que no han llegado a los ciudadanos.

Durante el tiempo de huelga, distintos actores de la justicia riojana avisaban que los clásicos atascos se agravarían, con plazos de meses que podrían irse al año y señalamientos suspendidos que deberían hacerse de nuevo un hueco en el calendario. No hay fecha por el momento para tanta actividad que ha quedado en el limbo de los tribunales.

El día después obliga a poner de nuevo la maquinaria judicial en marcha y aumentar el ritmo para tratar de recuperar la normalidad de plazos y señalamientos lo antes posible. Desde el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ya se trabaja en un plan adaptado a la nueva situación y que ayude a cicatrizar las secuelas del conflicto.