Un jurado popular juzgará en enero a Santibáñez, exalcalde de Viguera, acusado de malversación

Entonces y también hoy, su abogado, Gabriel Jiménez, defiende su inocencia y asegura que los hechos que motivaron su detención y su posterior puesta a disposición judicial se remontan al 20 de enero de 2018. Ese día el exregidor pidió a la empresa que solicita gasoil al Ayuntamiento que llenara uno de los depósitos municipales porque, al parecer, el colegio estaba sin calefacción. Durante la conversación, según el letrado, habría hecho un comentario, que califica de «broma entre amigos», en el que a la persona que estaba al otro lado de la línea, quien por cierto junto a Santibáñez también se sentará en el banquillo de los acusados los días 16 y 17 de enero, le indicó que si había gasoil sobrante lo echara en el depósito de su casa.

La empresa suministradora de combustible tendría pinchado el teléfono por una investigación relacionada con el control de drogas y aquellas pesquisas habrían desembocado en la detención del primer edil viguerense el 20 de marzo de 2018 por parte de agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO).

Pese al revuelo y el malestar por los sucesivos escándalos políticos que se sucedían en el municipio, el propio Santibáñez, en un primer momento, negó que hubiera sido detenido y atribuyó la presencia de la Policía Judicial en el pueblo a que el fin de semana anterior habían robado en el Ayuntamiento y en dos bares de la localidad.

También entonces, cuando solo habían transcurrido dos días de su detención y su puesta en libertad, el PP le suspendió cautelarmente de militancia para que Santibáñez, dijeron, pudiera defenderse «con todas las garantías que marca la ley».

El entonces alcalde dimitió en esos primeros momentos, aunque poco después se retractó de su decisión, volvió a tomar las riendas del Consistorio de Viguera aunque ya como regidor no adscrito. Seguir adelante con su dimisión, según justificó en aquellos momentos, «sería una aceptación tácita de culpabilidad». Así lo detalló el propio Santibáñez en una sesión de pleno en el Ayuntamiento convocada, precisamente, para dar cuenta de las razones que le llevaron a revocar su dimisión. Tampoco entonces dio explicaciones que resultaran convincentes a la oposición sobre los motivos que llevaron a su detención.

A finales de mayo, en una nueva sesión de pleno, el procesado se enrocó en la Alcaldía por, dijo, «petición del pueblo».

Este no es el único frente judicial al que ha tenido que enfrentarse Aitor Santibáñez. La misma semana de su detención en marzo, el alcalde tenía previsto un juicio por, presuntamente, haber pinchado tres ruedas del vehículo de un miembro de la asociación ecologista Amigos de la Tierra en septiembre de 2017.

La vista se aplazó y en septiembre el Juzgado de instrucción número 1 de Logroño condenó al alcalde y a su entonces edil, Ignacio Herce, por un presunto delito leve de daños al pago de tres meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, es decir, 900 euros cada uno en total.

La sentencia judicial consideraba probado que el 31 de agosto de 2017 Aitor Santibáñez e Ignacio Herce pasaron «casualmente» por el lugar donde el miembro de Amigos de la Tierra en La Rioja había aparcado su vehículo antes de dirigirse a una zona de canteras para inspeccionar unos posibles vertidos ilegales. «Al reconocer el turismo de Donaire, decidieron dañar los neumáticos de su vehículo, pinchando a propósito tres de ellos».