El jurado popular declara culpables de asesinato a los dos imputados por el crimen de Cuzcurrita

Han tenido ligeras dudas los nueve miembros del jurado popular encargados de determinar la responsabilidad de Antonio D. G., español de 54 años, y Carlos Sergio R. M., portugués de 39 años, en el asesinato del hostelero Guillermo Castillo, que tuvo lugar en Cuzcurrita de Río Tirón el 2 de mayo de 2023, pero finalmente ambos han sido declarados culpables de asesinato por siete votos a dos, además de considerarles a ambos autores de un robo con violencia. La decisión se ha conocido después de una rápida deliberación que comenzó el martes a las 18.00 horas y ha terminado esta tarde, cuando se ha puesto el colofón a un larguísimo y duro juicio que se inició el 4 de noviembre.

El jurado ha considerado que los dos acusados participaron en los hechos, que viajaron juntos desde el barrio de La Estrella hasta Cuzcurrita y que allí, como defendían los investigadores, agredieron conjunta y brutalmente a Guillermo Castillo para después encerrarle en un aseo tras colocarle unas esposas. Durante la vista ambos se acusaron mutuamente de la agresión y Antonio insistió en que se había quedado dentro del coche «en todo momento», lo que ha sido rechazado por siete votos a dos.

En ese pequeño baño de la primera planta, tendido en el suelo, con varias costillas rotas, un hombro luxado, infinidad de golpes y un traumatismo craneoencéfalico que finalmente sería la causa de su fallecimiento, agonizó el hostelero durante unas horas. Mientras, registraban la casa en busca de un gran botín que apenas llegó a 600 euros, ya que no hallaron las dos cajas fuertes escondidas en la casa de Guillermo. El jurado ha descartado por unanimidad que ninguno de los agresores portasen una navaja o que hiciesen uso de esta durante el ataque y que Antonio conociese con anterioridad a la víctima. Todos los demás puntos del objeto del veredicto han sido aprobados o bien por unanimidad o bien por mayoría.

Las antenas de telefonía móvil marcan las 00.45 horas como el momento en el que Carlos Sergio R. M. acompañado por Antonio dejó Cuzcurrita (aunque su compañero llevaba el movil apagado) y los forenses cifran entre las 3.00 y las 7.00 horas el momento del óbito. «La muerte se produjo para facilitar el robo y evitar que hubiese podido testificar. De aquí la frase «hombre muerto no declara» [que se interceptó meses después en los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil]«, ha leído el portavoz del jurado.

Después de la brutal paliza, ambos acudieron a Lardero para drogarse y siguieron con sus vidas, manteniendo un contacto que había comenzado años atrás cuando coincidieron en la cárcel. Pero meses después del asesinato, un testigo protegido que no declaró en el juicio, puso a la Guardia Civil sobre la pista de Carlos Sergio. Los pinchazos telefónicos dieron como fruto algunas pistas que acabaron en la detención de ambos y en este juicio que acaba de llegar a su fin.

Ahora deberá ser el magistrado de la Audiencia Provincial el que determine las penas a cumplir por cada uno de los ya declarados culpables. La acusación de la hija de Guillermo Castillo, ejercida por Marcos García Montes, mantiene su petición de prisión permanente revisable ya que defiende que ambos agresores le atacaron sin darle posibilidad de defensa, con manifiesta superioridad y agrediendo brutalmente a una persona muy vulnerable por su edad y a causa de sus diversas patologías.

Por su parte, la Fiscalía ya solicitó unas penas de 27 años para Carlos Sergio R. M. (23 por asesinato y 4 más por robo con violencia) y de 27 años y nueve meses para Antonio D. G. (23 por el crimen y 4 años y 9 meses por el robo) y este miércoles las ha ratificado, además de una pena de 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento, pero se ha opuesto a la prisión permanente revisable por la elevada de edad de la víctima. Este punto ha disparado las críticas de Marcos García Montes, que considera que el jurado «por unanimidad ha mantenido la especial vulnerabilidad de Guillermo«. Mientras, las defensas que hasta esta jornada abogaban por la absolución, han pedido que se les imponga la pena en el menor de sus grados.

A la salida de la sala, Yolanda Castillo, hija del hostelero asesinado, respiraba aliviada aunque con «sensaciones encontradas». «Voy a empezar a vivir ya con un poco más de tranquilidad», decía tras agradecer al jurado su veredicto.

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