La Federación de Caza de La Rioja denuncia amenazas y coacciones y anula el proceso electoral

La Federación Riojana de Caza ha anulado el proceso electoral en el que estaba inmerso y ha delegado el proceso en la dirección general de Deportes. Así lo ha anunciado este lunes su presidente, Eduardo Cornejo, en una rueda de prensa que ha ofrecido acompañado por el secretario general y el tesorero de la entidad, Alberto Gil Albert y Jorge Calle, respectivamente.

Una decisión que han adoptado en «aras de una absoluta transparencia, imparcialidad y legitimidad» y tras haber sufrido una serie de «amenazas y coacciones», muchas de ellas vertidas por redes sociales, por parte de gestores de algunas de las sociedades de caza que integran la Federación en lo que entienden una «campaña orquestada» para acabar con el actual modelo de profesionalización y convertir la agrupación en «un cortijo».

Cornejo, que no se presenta a la reelección, ha calificado de «intolerable» la situación vivida en las últimas semanas en el seno de la Federación. Hasta tal punto que, según ha explicado, no descartan adoptar medidas legales y denunciar «a quienes con falsedades y amenazas han saboteado este proceso». También ha detallado que él mismo ha sido objeto de acusaciones, entre ellas una malversación de fondos públicos, y denuncias por parte de los mencionados gestores que, en buena parte, habrían sido sobreseidas.

La campaña en contra de la actual junta arrancó, ha detallado, hace dos años, tras el nombramiento de Alberto Gil Albert como secretario general de la Federación, y «desde entonces ha ido agravándose». El objetivo que se marcó para la segunda legislatura que termina este año fue profesionalizar la Federación y eso implicaba una serie de cambios. Uno de ellos era el modo de cobro de las cuotas federativas.

En febrero de 2023, se remitió una circular a todas las sociedades informando del nuevo modelo y en 2024 se ha seguido el mismo procedimiento, incluso, según ha dicho, se les ha dado más tiempo para pagar. Lo que ha sucedido, ha añadido Cornejo, es que este año es electoral y tras convocar las elecciones el pasado 2 de mayo, muchas de las sociedades -buena parte de ellas con gestores para efectuar los trámites- no estaban al corriente de pago, en concreto 42, un requisito indispensable para votar, y que por tanto no aparecían en el censo provisional.

Después de presentar una avalancha de recursos, la junta electoral resolvió todas las reclamaciones y al censo provisional añadió 22 de las 42 que no lo habían pagado. No obstante, la carga de trabajo, unida a las «presiones y coacciones» que también habrían sufrido los miembros de la mencionada junta, les han llevado a solicitar la dimisión y aunque el proceso podría continuar con la junta electoral suplente, «hemos entendido que habiendo opción de dar una oportunidad a las sociedades que no habían abonado sus cuotas, lo más transparente e imparcial era solicitar la anulación del proceso electoral y la advocación de la dirección general de Deporte de la competencia de la Federación».

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