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Prometía ser un juicio largo, con decenas de testigos y en presencia de los miembros del jurado convocados para decidir sobre la culpabilidad o no del exalcalde de Viguera, Aitor Santibáñez, expulsado del PP al poco de ser detenido por este caso, pero un acuerdo ... alcanzado 'in extremis' ha frenado este lunes la maquinaria judicial preparada para juzgar la presunta malversación imputada no solo al exregidor, sino también al empleado de una distribuidora de combustible, que responde a las iniciales A.C.M..
Ambos acusados han reconocido los hechos y han aceptado la rebaja de pena propuesta por el fiscal, quien considera que en este caso es aplicable la atenuante muy cualificada de dilaciones y indebidas. Así las cosas y salvo sorpresa, serán condenados a seis meses de cárcel, otros seis de inhabilitación para empleo y cargo público y al pago de una multa de 360 euros. Además, entre ambos deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Viguera en 730 euros.
Los hechos sobre los que iba a deliberar un jurado popular, el mismo que nada más alcanzar la conformidad ha sido disuelto, se remontan al 22 de enero de 2018. El entonces alcalde Aitor Santibáñez –en la actualidad concejal en la oposición– solicitó a A.C.M., que trabajaba como comercial de una empresa de productos petrolíferos, 3.000 litros de gasoil.
Entre los dos procesados, según el relato de la Fiscalía, acordaron que 2.000 de los 3.000 litros se usaran para el depósito de la escuela que «depende materialmente del Ayuntamiento de Viguera», y los 1.000 restantes fueran a parar al depósito de gasoil de una vivienda de uso personal de Aitor Santibáñez, situada en el mismo municipio.
Ambos también habrían pactado que el cargo de los 3.000 litros de gasoil se efectuara íntegramente al Ayuntamiento de Viguera y que los 3.000 litros se incluyeran en un único albarán de entrega.
Para llevar el plan a la práctica, A.C.M. llamó al conductor del camión suministrador para que distribuyera el combustible en la vivienda de Santibáñez. La empresa de productos petrolíferos emitió una factura el 26 de enero de 2018, «pagadera por el Ayuntamiento de Viguera por el concepto de suministro de 3.018 litros de agrodiesel+10 realizados el 22 de enero de 2018».
El exregidor ya fue condenado con anterioridad. La misma semana de su detención por estos hechos el 20 de marzo de 2018 el entonces alcalde tenía previsto un juicio por, presuntamente, haber pinchado tres ruedas del vehículo de un miembro de la asociación ecologista Amigos de la Tierra en septiembre de 2017.
La vista se aplazó y en septiembre el Juzgado de instrucción número 1 de Logroño le condenó a él y a su entonces edil, Ignacio Herce, por un presunto delito leve de daños al pago de tres meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, es decir, 900 euros cada uno en total.
La sentencia judicial consideraba probado que el 31 de agosto de 2017 Aitor Santibáñez e Ignacio Herce pasaron «casualmente» por el lugar donde el miembro de Amigos de la Tierra en La Rioja había aparcado su vehículo antes de dirigirse a una zona de canteras para inspeccionar unos posibles vertidos ilegales. «Al reconocer el turismo de Donaire, decidieron dañar los neumáticos de su vehículo, pinchando a propósito tres de ellos».
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