Jueces con premeditación

Basta que se pusieran al borde de la huelga para que la ministra Pilar Llop colocara sobre la mesa una propuesta de buena entente. Era urgente frenar otro frente más en el seno de la justicia nacional que, de llevarse a cabo, hubiera colocado a los juzgados de puntillas al filo del precipicio. La protesta de los antiguos secretarios judiciales y la que aún mantienen los funcionarios ya habían hecho suficiente mella como para tensionar aún más el gremio. Y todo en un momento en el que jueces y magistrados han estado en boca de todos, incluso cuestionados por una facción del Ejecutivo de Sánchez a raíz de la sucesión de rebajas de condenas y excarcelaciones por la ley del 'sólo sí es sí'.

De los integrantes de uno de los tres poderes del Estado, el judicial, Sócrates decía que debían tener cuatro características: «escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente». Un complicado equilibrio que, además, deben conciliar con su vida como padres, hermanos, hijos, amigos... y ahora, además, con el juicio paralelo de la calle donde se ha abierto la veda para cuestionar cada sentencia que dictan y más si tiene, como la de La Manada, una enorme repercusión mediática. Todos somos juez y parte y los fallos judiciales provocan mucho ruido de fondo.

Poco se conoce de estos profesionales, salvo su faceta más pública, la del juez sobre el estrado mientras ante él desfilan ladrones, asesinos, violadores, agresores, deudores, estafadores... una caterva de delincuentes que se quedan con sus caras y más en una comunidad que se cruza de este a oeste en poco más de una hora. Que un día coincidan el caco y el juez que le envió a prisión tomando un chato en un bar de Laurel es bastante más probable que, como decía Isabel Díaz Ayuso, toparte con tu ex en Madrid.

Cuenta María Cecilia de la Iglesia que lo suyo es como un circo de tres pistas, eso sin contar su faceta de madre de dos adolescentes. A la de juez del Juzgado de Primera Instancia número 4, suma el Registro Civil y por si fuera poco es la decana de los jueces de Logroño. Tres funciones que le condenan a agitadas jornadas de trabajo que no le pillan de nuevas. Sabía dónde se metía cuando estudió Derecho. Su padre fue juez, presidió la Sala de lo Contencioso del TSJR y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 1985 y 1990 y, como ella, todas las tardes de lunes a viernes continuaba el trabajo en casa y los domingos también. Sus hermanos pisan el mismo terreno, uno es fiscal y el otro, abogado del Estado. Una saga de togados a la estela del patriarca.

Su día en los juzgados comienza a las 09.00 horas. Abre el correo y atiende lo urgente, por ejemplo, si hay que sustituir a un juez que ese día se ha puesto enfermo. La idea es que el servicio quede cubierto. Esta es una de las labores a las que tiene que atender como decana, un cargo voluntario que aunque no le exige demasiado tiempo, sí implica interrupciones a lo largo de toda la mañana. A las 09.30 horas comienzan los juicios, la media son unos cinco al día, «aunque hay días de hasta ocho», cuenta. Y entre vista y vista mira el correo por si hay quejas. Es habitual que los ciudadanos se dirijan al decanato por la suspensión del juicio sin avisado, pero también para mostrar su disconformidad con la condena que le han impuesto.

El Juzgado de Primera instancia 4 tiene la 'mochila' del Registro Civil, así que también tiene que firmar, por ejemplo, los enterramientos. Desde la pandemia, las licencias para poder dar sepultura a los muertos se firman telemáticamente. En los peores meses de covid, De la Iglesia recuerda que esta fue una labor estresante, «pero sobre todo me hacía ver la dimensión de lo que estaba ocurriendo». Hasta tal punto le impactó que perdió 10 kilos «estando en casa y sin moverme». No había sábados ni domingos y todos los días, a las 20.00 horas, hablaba con Pablo, funcionario del Registro, «para ver si había llegado alguna más». «Era necesario enterrar rápidamente, de hecho se suprimió el plazo, había urgencia y hubo días muy agobiantes porque veías morir gente muy joven. Recuerdo días muy tristes».

Todo aquello, afortunadamente, acabó. Ahora, en su día a días, tras los juicios, regresa a su despacho en el juzgado –tiene otro en el Registro– para ver si queda algún fleco. Luego va a casa y continúa trabajando por las tardes.

De la Iglesia comenzó en Boltaña (Huesca). Fue su primer destino. Hacía de todo, desde fotocopias, abrir la puerta, coger el teléfono, actas de juicio cuando el secretario no estaba. Tenía muy poco trabajo pero recuerda casos «muy raros». De todos, no se olvida de un asesinato. El caso se lo encontró iniciado y el muerto era de su quinta. El cuerpo de Carlos Viscasillas fue hallado en el interior de un pozo. Fue un caso famoso que quedó sin resolver. De Boltaña pasó a Durango hasta que en 2006 consiguió acercarse a su casa, a Logroño.

Todavía recuerda el nombre de la víctima del primer juicio con jurado. Se llamaba Ansata Kandeh y la había matado su marido. De los otros doce juicios con jurado que presidió tampoco se olvida.La mayoría fueron asesinatos, aunque también tuvo otros menores cometidos por funcionarios, como la compra de votos por parte de un alcalde o un concejal, no recuerda con precisión. Eso fue en Gerona, donde, durante años, trabajó como magistrado de la sección cuarta de la Audiencia Provincial.

Aquel trabajo le encantaba, meterse en el fango de un buen juicio y dirigirlo. Los tuvo larguísimos, de esos que se prolongan durante jornadas.

En 2017, Javier Marca consiguió lo que había perseguido durante años: regresar a su tierra y lo hizo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR). La labor jurisdiccional, que es la que más le gusta, es ahora la que menos tiempo le ocupa, y la tiene que compaginar con la gubernativa, la representativa, por delegación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y luego actividades extraordinarias. Un encaje de bolillos sin horario fijo.

Como presidente que es también de la Sala de lo Civil y Penal ve los recursos que presentan a las sentencias que dictan en primera instancia. Pero en materia penal, además, también se encargan de la instrucción y enjuiciamiento de los aforados. No son muchos casos, pero si un aforado comete un delito en la comunidad autónoma, la Sala es la competente. En las elecciones anteriores, vieron querellas cruzadas de los miembros de Podemos. «Era la época de Podemos contra Podemos».

Lo suyo no fue vocacional. Siempre pensó en dirigir su vida hacia la educación, quería ser profesor, por la influencia positiva de los maestros que tuvo en la infancia. Cuando llegó el momento de ir a la universidad se dio cuenta de las posibilidades de la carrera. Algún compañero de Huércanos, su pueblo natal y al que regresa casi cada fin de semana, que se había dedicado a educación no había aprobado la oposición y había tenido que regresar al campo. Aquello le hizo cambiar de opinión y encaminar sus pasos hacia el Derecho y finalmente a las oposiciones a juez aunque con la idea de vincularse a la actividad docente. De hecho, fue profesor de la escuela judicial durante cinco años.

Con la vista atrás, «ha sido una auténtica satisfacción dedicarme a esto», dice. «Creo que no puede haber una carrera más maravillosa porque no sólo es el componente jurídico, sino el de decisión, es decir, te pagan por decidir, te puedes equivocar, pero lo que no puedes hacer es no resolver y cuando resuelves tienes que motivar», cuenta.

A diario se reúne con el secretario de Gobierno para ver los problemas que hay y también con la responsable de Comunicación. Con ella gestiona la agenda y las visitas institucionales al Palacio de Justicia. A todos sus cometidos añade las funciones de inspección de los órganos jurisdiccionales, se reúne con la comisión de garantías de videovigilancia, preside la comisión mixta, está presente en la comisión de seguimiento de los distintos cursos, dirige el programa educar en justicia... Suma y sigue.

Una jovencísima Irene Ferrari se traslada a diario desde su Pamplona natal a Calahorra. Antes, hizo prácticas en la capital navarra, incluso se encargó de algún refuerzo y sustitución en Aoiz.En diciembre de 2021 le dieron destino en la capital de La Rioja Baja. Ocho meses después, el 8 de agosto, se producía un incendio en la tercera planta del archivo de los juzgados. Dos días más tarde y de manera fortuita, ardía el cuadro eléctrico general que obligó a cerrar los juzgados. Le pilló de guardia «y de un día para otro nos encontramos sin edificio. Es cierto que habilitaron Logroño, pero no el primer día». «Ese día me fui con la letrada de la Administración de Justicia al cuartel de la Guardia Civil de aquí a pasar los detenidos», relata. Poco después, las guardias las hacían en Logroño, pero todo lo que no era guardia se paralizó «bastante». A favor jugó el hecho de que agosto es un mes inhábil con apenas actividad, así que «dentro de lo que cabe el daño no fue tanto». En septiembre hicieron la mudanza a la nueva sede provisional, en la oficina de Atención al Ciudadano. Tras el «jaleo» inicial, el engranaje volvió a engrasarse. «Todo el mundo puso de su parte», precisa.

Irene Ferrari, quien también es miembro de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) y decana de los juzgados de Calahorra, apura sus últimos días en esta comunidad. En agosto irá a Estella porque su propósito es acercarse poco a poco a Pamplona.

En su caso, ser juez no fue algo premeditado, ni siquiera heredado. Su padre es historiador y su madre pedagoga. Un día, visitando la universidad, le gustó la carrera y como la mayoría de sus amigas estudiaba Derecho, pensó que era buena opción también para ella. En primero le empezó a tentar la posibilidad de ser juez y en cuarto, pese al «vértigo» que le daba enfrentarse a unas oposiciones de este calibre, se animó a intentarlo. A día de hoy admite que le «encanta». La «pena» es que «juzgados como estos, que son de pueblo, están muy atascados porque hay muchísimo trabajo y medios rudimentarios». La pega, sostiene, es que «no puedes dedicarle a los asuntos el tiempo que te gustaría, estudiarlos más a fondo, argumentar más las sentencias, al final, tienes que hacer un trabajo de equilibrio».

El juzgado de primera instancia de Calahorra en el que está tiene la particularidad de que asume, además, la violencia de género y aquí, dice, «hay mucha». Lo habitual es «tener detenidos todos los días». Cada tres semanas le toca una de guardia, de martes a martes. Tiene que estar disponible las 24 horas, pero lo normal es que si hay detenidos se pasan al día siguiente.

«A lo único que habría que ir es a un levantamiento de cadáver, que no me han tocado, o a algo muy urgente». Cuando no está de guardia, además de los detenidos por violencia de género, tiene señalados los juicios civiles y, además, un día de juicios con un fiscal, que viene de Logroño. En cualquier caso, «es un juzgado en el que no se puede prever nada, de repente no tienes nada y todo puede cambiar en cuestión de minutos».

La idea de ser juez comenzó a tomar forma cuando estudiaba Derecho. En mente, Ricardo Moreno, actual presidente en funciones de la Audiencia Provincial, tenía varias opciones, como fiscal o letrado de la Administración de Justicia, pero finalmente rechazó cualquier otra posibilidad que no fuera la de juez. Se presentó y aprobó. De hecho, fue uno de los primeros de su promoción. Hoy, con la vista puesta atrás, se encuentra «plenamente satisfecho», afirma rotundo.

Su primer destino fue Getxo (Vizcaya), de ahí a Estella (Navarra) y luego, a un juzgado de lo Penal en Tarragona. Estuvo un par de años hasta que «me descongelé», es decir, hasta que cumplió el periodo obligado de tiempo antes de poder pedir destino. Nacido en Anguiano, Ricardo Moreno quería venir a La Rioja. Optó al Juzgado de lo Penal número 1 de Logroño, donde estuvo 15 años, antes de pasar a la Audiencia Provincial, órgano que preside en funciones. Solicitó el puesto, pero antes de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciase sobre su candidatura, la única que tenían sobre la mesa, una reforma legal vetó al órgano de Gobierno de los jueces hacer nombramientos mientras esté en funciones.

Su día a día en la Audiencia, junto con los otros cinco magistrados que forman parte de este órgano, tiene muchas vertientes. La esencial, quizá, es la de resolver los recursos que presentan las partes a las sentencias de primera instancia o instrucción, ya sea civil o penal. «Hay un número de asuntos que todas las semanas sabemos que nos van a tocar, trabajas con ellos hasta que llega un día, que es el jueves, y acudimos a las deliberaciones».

Los magistrados de la Audiencia también ven los juicios penales de los casos más graves y, dentro de estos, los más peculiares son las vistas con jurado popular, como los del crimen de Lardero o el reciente de Entrena, que se celebra estos días y del que el propio Moreno es ponente.

También ven asuntos civiles «enormes y complejos», pero «el ámbito de los abusos sexuales y los que afectan a menores son los que más impronta te dejan y te llevas a casa».

A todo ello, Moreno suma la labor propia del presidente que es «organización y coordinación», además de impulsar la tramitación de los procedimientos. Al margen, hay labores de representación y de participación en otros órganos, como la sala de gobierno, la comisión provincial de policía judicial y el tribunal provincial del jurado de expropiación, entre otros.

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