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Las reacciones tras el no del Congreso al real decreto ómnibus no han tardado en llegar. Apenas un día después, la Delegación del Gobierno en La Rioja ha apuntado que una de las consecuencias directas de la no convalidación del real decreto-ley que contenía mútiples ayudas de carácter social es que la comunidad «dejará de ingresar 101 millones de euros en entregas a cuenta».
Un importe que, además, se destinaba a mejorar «los servicios públicos, como la Sanidad, Educación o Dependencia». El veto a la revalorización de las pensiones, asimismo, provoca que los más de 74.000 jubilados riojanos vayan a perder 502 euros este año.
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La Delegación también critica que se dijo 'no' a los más vulnerables, lo que conlleva que cada beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en La Rioja «dejará de percibir 528 euros en 2025». Los usuarios del transporte público también se verán damnificados: dejarán de beneficiarse «de los más de 400.000 euros que se destinaban a bonificar el transporte en la región, así como de los más de 681 millones dirigidos a la gratuidad y descuentos de Renfe y autobuses estatales, y a mejorar la calidad del transporte público en toda la Península.
Los diputados del PSOE en el Congreso, Elisa Garrido y Raúl Díaz, también han corroborado que una las consecuencias del voto en contra del PP al citado decreto ley es que más de 74.200 pensionistas riojanos «no van a ver incrementada su pensión». La diputada socialista ha resaltado que el compromiso del Ejecutivo central con los jubilados «es inquebrantable» y, por eso, «estableció que las pensiones subieran en 2025 un 2,8%, conforme al IPC. Y las más bajas, entre un 6% y un 9%, es decir, muy por encima de la subida de los precios».
Este incremento, ha añadido, «está garantizado en enero gracias a que el decreto ley estuvo vigente hasta este miércoles». De cara al próximo mes de febrero, el PP y el resto de grupos que han votado en contra «tendrán que explicar por qué han recortado las pensiones y por qué los pensionistas van a tener que soportar que esta sea más baja».
En relación a las ayudas al transporte, Díaz ha afirmado que «por culpa del Partido Popular, los usuarios del transporte pagarán más desde este jueves». La ausencia de esta subvención afectará «en especial a los jóvenes, los otros grandes perjudicados por la irresponsabilidad del PP». En este punto, el diputado se ha preguntado «si el PP de La Rioja va a compensar los recortes de Feijóo en su votación de este miércoles, ya que los usuarios del transporte público dejarán de beneficiarse de los más de 400.000 euros destinados a bonificar el transporte en la región».
Como consecuencia del no, «la tarjeta mensual de transporte pasará de costar 22,25 euros a 44,50; y el billete ordinario, si se paga con la tarjeta monedero, subirá de 0,56 a 1,12 euros». Otras de las cuestiones que se van a ver afectadas «es la consolidación de la subida del SMI, que pasará por culpa del PP de 1.134 a 1080 euros».
El no a este decreto también «elimina los descuentos del bono social eléctrico». Se trata de un texto que «hubiera permitido mejorar el parque de vivienda en alquiler social, extender la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, salvaguardando así la protección de los hogares más vulnerables por un periodo adicional hasta el 31 de diciembre de 2025 y la prórroga de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025». A todo esto «ha dicho no el PP, que también ha impedido la subida del Ingreso Mínimo Vital que, en La Rioja, supondrá una pérdida de media al año de unos 528 euros».
Los diputados socialistas también han explicado que «la irresponsabilidad del Partido Popular también va a afectar a la financiación de las comunidades y los ayuntamientos porque decae la actualización de las entregas a cuenta». Así, «La Rioja va a perder 101 millones de euros, y los ayuntamientos riojanos unos 88,6».
En total, el no de los diputados riojanos del PP, Cuca Gamarra y Javier Merino, va a suponer una pérdida de casi 190 millones de euros». Esta merma en la financiación «repercutirá directamente en la calidad de los servicios públicos». El no «también supone que decaigan las ayudas a los afectados por la DANA de Valencia».
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