El caso único del Bachillerato de Jesuitas: un concierto blindado por ley

En el caso del colegio logroñés, el concierto de las unidades de este nivel educativo está blindado judicialmente desde hace ahora 23 años. Hasta seis sentencias del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) y una del Tribunal Supremo (TS) dieron la razón al centro, paradójicamente, en contra del criterio del entonces Ejecutivo de Pedro Sanz. Era 2001 y la ley educativa vigente en ese momento, la Logse, que sustituyó BUP y COU por Bachillerato, permitía traspasar el concierto de unidades de Formación Profesional II a Bachillerato.

Jesuitas se acogió a esa posibilidad y pidió que se subvencionaran con dinero público las seis unidades de esta etapa educativa. El colegio se encontró con la oposición de la Consejería de Educación, dirigida en esos momentos por Luis Alegre, así que recurrió a los tribunales para reclamar lo que consideraba que le permitía la ley.

Así lo hizo hasta en siete ocasiones, una por cada uno de los cursos en los que se topó con la negativa de la Administración, en concreto del 2001-2002 al 2007-2008, hasta que el Supremo zanjó el eterno litigio y se puso del lado de Jesuitas.

El alto tribunal puso fin a las posiciones encontradas entre la Consejería, que consideraba que la legislación regional no contemplaba la transformación de unidades de FP II en Bachillerato, a la que quería acogerse el centro Sagrado Corazón, y que tampoco existía presupuesto para ese gasto, y la del centro que reclamaba un cambio amparado por la Logse que permitía el paso de líneas de Formación Profesional de Segundo Grado a Bachillerato, sin cambios en el concierto económico.

En el enfrentamiento intervino la defensora del pueblo de La Rioja, María Bueyo Díez Jalón, que en un escrito que remitió a la Consejería les acusó de estar vulnerando el derecho a la igualdad de los padres. De ahí que recomendaba que se reconociera la concertación de seis unidades de Bachillerato y solicitaba que se procediera a formalizar el concierto para el curso 2008-2009.

El Ejecutivo no tuvo más remedio que dar su brazo a torcer y reconocer el derecho del colegio logroñés a concertar Bachillerato. Quedaba por saber cómo hacer frente al mandado judicial que además debía tener efectos retroactivos, es decir, tenían que devolver el dinero adelantado por los padres a lo largo de seis cursos para que sus hijos estudiaran en Jesuitas, pero también debían abonar a los profesores la diferencia entre lo que cobraban por trabajar en un centro privado y lo que realmente deberían haber recibido por hacerlo en uno público.

El 16 de junio de 2008, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sanz, eligió el Parlamento para anunciar que el curso siguiente estaría concertado Bachillerato en Jesuitas. Respondía a una pregunta de Francisco Martínez Aldama, entonces portavoz del grupo socialistas en el antiguo convento de la Merced. El mandatario no perdió ocasión para apuntar hacia lo que calificó de «incongruente y patético» que era que los socialistas riojanos quienes pidieran el concierto para un centro privado. «Tomo nota», retó Sanz. El Consejo de Gobierno aprobó meses después un convenio con el centro educativo para abonar 2,2 millones de euros en cinco anualidades tanto a las familias como a los docentes. El centro estimó que unas 700 familias se habían visto afectadas durante aquellos años.