«Jarro de agua fría» en los transportistas riojanos al mantener el País Vasco el cobro en la AP-68

El argumento que dan las dos administraciones forales vascas para seguir cobrando peaje –las nuevas tarifas, dicen portavoces oficiales, serán «sin ánimo de lucro»– no convence a Santiago Gutiérrez, presidente de la asociación integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER). «Se amparan en que tienen transferidas las competencias y que han de mantener las carreteras. ¡Que renuncien a esa gestión si quieren!», plantea. Además, añade, «de cada litro de gasóleo que se paga el 55% son impuestos y estoy seguro de que todo ese dinero no revierte en la carretera».

En este sentido, el secretario general de la patronal CETM , Javier Cámara, sostiene que los impuestos especiales que paga el transporte «generan más dinero del que se destina a mantener las vías por las que circulamos». Y con la decisión que tienen tomada en Álava y Vizcaya, la liberación de la autopista «se queda a la mitad. Esto va a repercutir en la cuenta de resultados de nuestras empresas y supondrá un lastre».

Las «directrices europeas» que dicen seguir las diputaciones para plantear el mantenimiento de los peajes tampoco son asumidas en La Rioja «puesto que aquí el debate de la euroviñeta –peaje para camiones– no está sobre la mesa. España no es un país de tránsito, sino de origen o destino de mercancías. Seguir cobrando es un sinsentido», dice Cámara.

Gutiérrez también recuerda que «bastantes privilegios fiscales tiene ya el País Vasco, sin olvidar el Cupo, como para que ahora quiera cobrar también por el uso de una autopista que el Gobierno ha decidido liberar. Las diputaciones forales tienen recursos más que suficientes y se aprecia, por ejemplo, en el estado de los pueblos de Rioja Alavesa en comparación con los de nuestra comunidad».

Tampoco comparte la decisión de Vizcaya y Álava el secretario general de la FER, Eduardo Fernández. «Las comunicaciones son vitales para el desarrollo económico de una región», considera. Y el mantenimiento de peajes en las proximidades de La Rioja, a su juicio, no contribuye al «compromiso de liberalizar la AP-68 que es por lo que apuesta la patronal».

«Máximo respeto» a las competencias que tienen las administraciones públicas, en este caso las diputaciones forales de Álava y Vizcaya. En esta apreciación coinciden los dos partidos mayoritarios en La Rioja. Aunque el PP es más crítico «y siempre hemos defendido que la AP-68 ha de vertebrar La Rioja, por eso hemos pedido más enlaces», señala Cristina Maiso. Censura, por tanto, que se mantengan los peajes, en este caso en el País Vasco, «porque eso no ayuda a tener la permeabilidad demandada».

En cambio, desde las filas del PSOE riojano consideran que «la gestión de carreteras corresponde a las diputaciones –en Álava, además, el departamento lo lideran los socialistas– y ellas tienen capacidad de aplicar peajes. Ahí poco podemos hacer», dice Jesús María García. El parlamentario recuerda que «el Gobierno central ha cumplido su promesa de liberar la autopista y eso permitirá a los riojanos circular gratis por nuestra comunidad». Pero no a partir del peaje alavés de Zambrana y hasta Bilbao, mientras que los vascos transitarán sin pagar por La Rioja. «Así podremos atraer más turistas», añade García.

A Vox no le ha sorprendido la decisión del País Vasco de seguir cobrando «una vez que ha logrado las transferencias. Esto genera desigualdad y con el modelo autonómico hay comunidades de primera y de segunda». Por ello, Ángel Alda seguirá «denunciando los privilegios legales y fiscales que, amparados en supuestos derechos históricos, tienen los más desleales con España».

Podemos-IU, por su parte, denuncia el «sinsentido» de mantener el cobro por uso «cuando se ha aprobado la liberación de la autopista. Además, se plantean esos peajes por comunidades autónomas, aún es más injusto».

Desde la Delegación del Gobierno central en La Rioja destacan que la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que «a medida que caduquen todas las concesiones de autopistas de peaje en nuestro país en vías de titularidad estatal, el Gobierno central no las renovaría y pasarían a ser gratuitas, eliminando ya sus barreras». Esto, añaden, «se cumple con ello en la AP-68 en los tramos que aún quedan con peajes«, salvo en el País Vasco, aunque en la comunidad vecina las diputaciones forales tiene la competencia en carreteras y no el Estado. «En el tramo riojano, se liberalizará por fin en dos años», concluyen.