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Meses de litigio judicial han dado sus frutos. Isabel Saornil ha recuperado su casa en la calle Senado de Logroño. Tras meses ocupada por un inquilino que dejó de pagar el alquiler, se ha encontrado con un piso destrozado que poco o nada tiene que ver con la vivienda que compró hace años con la ilusión de la propietaria primeriza. Puertas rotas, electrodomésticos para el arrastre, suciedad en cada rincón, los platos mugrientos sobre casi cualquier parte, lámparas a medio colgar, eso las que quedan, plantas secas en la terraza... un rosario de desperfectos de valor incalculable. «Parecía un estercolero», describe la propietaria.
Hace apenas una semana volvió a traspasar la puerta de su casa. Lo hizo acompañada por una comisión judicial, la policía, su abogado, la procuradora y el cerrajero. Todo un ritual para el lanzamiento del inquilino que en octubre pasado se instaló en su casa después de firmar un contrato de arrendamiento de una de las habitaciones que nunca cumplió. El okupa ya no estaba. Había dejado la casa voluntariamente unos días antes. La primera reacción de Isabel al ver el lamentable estado en el que había dejado su piso fue llorar amargamente.
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El mismo día del desahucio le dijeron que si quería que castigasen al autor de los destrozos debía presentar otra denuncia. Una más a sumar a las que durante estos casi diez meses ha interpuesto contra él por robar la televisión, por coacciones al cambiar la cerradura.... la lista es larga. Litigios que se han saldado con juicios rápidos a los que nunca se presentó.
Isabel no entiende que habiendo denunciado desde el primer día lo que estaba ocurriendo «hayan dado lugar a que pase todo esto». «Si la justicia hubiera sido rápida, no habríamos llegado hasta aquí, porque está claro que en este tiempo le ha apoyado a él y no al ciudadano de a pie que ha trabajado toda su vida». «Me han obligado a tener un delincuente en mi casa», lamenta.
Con su fe en la justicia haciendo malabares en la cuerda floja se pregunta quién pagará ahora los desperfectos. La factura no es baladí. Solo en puertas, y las más económicas, calcula que tendrá que desembolsar unos 5.000 euros.
Los vecinos del inmueble no eran ajenos a lo que estaba ocurriendo en el interior de la vivienda de Isabel. El mismo inquilino, quien sospecha que no estaba solo, había roto la cerradura del portal. En una ocasión le llamaron de la administración de fincas de la comunidad para advertirle de que tenía okupas en su casa. «Claro que yo ya lo sabía», sostiene.
Se confiesa agotada física y emocionalmente, pero sobre todo impotente por haberle mantenido en su casa durante estos meses a gastos pagados. Luz, agua, gas, a cuenta de Isabel. «Esto no se puede consentir, que te destrocen tu vida, tu trabajo y todo lo que has ido construyendo».
Su calvario comenzó en septiembre de 2021. Tras una primera mala experiencia decidió volver a alquiler su vivienda, pero esta vez por habitaciones. El primer inquilino entró en septiembre, días después llegó el segundo y el 5 de octubre aterrizó él. Antes de finalizar el mes, el primero de los jóvenes se tuvo que marchar del piso. Al parecer, no aguantaba el comportamiento del último en llegar. En una ocasión incluso tuvo que intervenir la policía.
El segundo, aunque vivía una situación similar, lo soportó unos días más. Pero a finales de noviembre y tras un fuerte enfrentamiento también claudicó. El inquilino problemático se quedó con toda la vivienda. Entonces, Isabel todavía pudo entrar a su casa. Lo hizo acompañada por la policía y ya en ese momento los desperfectos eran cuantiosos. A él le pillaron 'in fraganti' con la habitación abierta, pero volvió a hacer caso omiso y la propietaria no pudo hacer nada.
Después de aquel episodio, no pudo volver acceder a su piso. Él había cambiado la cerradura y ella había presentado la demanda para rescindir el contrato de alquiler de la habitación por incumplimiento del mismo. Entre tanto, el arrendatario empezó a vender los muebles de la casa de Isabel a través de wallapop.
El joven, al parecer, había hecho lo mismo anteriormente en otra vivienda en la capital riojana. Los caseros, cuenta Isabel, lograron desahuciarlo tras un año de batalla judicial. Ahora, después desalojarlo de su propia vivienda, teme que el joven haya encontrado acomodo en otra casa sin que se pueda hacer nada y sin que exista un registro de inquilinos indeseables para que todo el mundo sepa a quién mete en su hogar.
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Javier Campos y Justo Rodríguez | Logroño
Juan Cano, Sara I. Belled y Clara Privé
Alfonso Torices (texto) | Madrid y Clara Privé (gráficos) | Santander
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