C.N.
LOGROÑO
Miércoles, 9 de enero 2019, 19:31
Desde Educación, su director general, Miguel Ángel Fernández, ataca tanto las formas como el fondo de la medida porque se ha llevado adelante sin ningún tipo de debate y se ha introducido de «tapadillo» en el real decreto de revalorización de las pensiones, entre las disposiciones adicionales. «El Gobierno ha seguido la línea de regular aspectos sin ningún tipo de negociación ni comunicación», lamenta.
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Tras conocer la noticia, asegura que contactó con sus homólogos en otras comunidades y «nadie sabíamos nada».
Critica también que no se ha hecho ningún tipo de valoración del impacto, especialmente el económico, que será considerable y que la Comunidad Autónoma tampoco podría «asumir en la actual situación y menos con los presupuestos prorrogados».
Es una medida aprobada sin que se haya medido «su repercusión tanto para las administraciones como para las empresas», sostiene para reconocer la «preocupación total» de Educación por «no saber qué va a ocurrir».
Desconfía de las intenciones de la iniciativa con la que se impulsará la cifra de afiliados a la Seguridad Social, un incremento que, dice, «llega en un año electoral». Finalmente, considera que se está regulando sobre una cuestión, como son las prácticas curriculares, bonificadas al 100%, que estaba «regulada específicamente».
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