Los interinos riojanos cargan contra el decreto de acceso a la función docente

A juicio de la PIR, el Ejecutivo «incumple su propias normativas» y, «con la complicidad de los sindicatos, apuesta por el despido libre y gratuito de un millón de trabajadores que llevan de tres a treinta años trabajando para la administración» ya que, según sus cálculos, «con muchísima suerte, se podría regularizar a menos del 5% de las personas que están en fraude de ley».

Azón enfatiza que «llevan veintidós años sin adaptar la normativa europea a las leyes nacionales y sin cumplir el Estatuto Básico de la Función Pública» y, «a pesar de que hemos pedido a través de los portales de transparencia los datos del número de personas que llevan más de tres años trabajando para la administración, o no nos los han dado o nos han dado datos falsos». Pero es que, asimismo, «aprueban una norma, que les exigía la UE para recibir los fondos Next Generation, y cuatro meses después deciden incumplirla». Esto es «romper el Estado de Derecho», bien para «satisfacer una red clientelar», bien porque al propio Gobierno «le conviene económicamente», lo cual es «gravísimo».

En este sentido, el portavoz de la PIR recuerda que las normas europeas «no dicen que se nos tiene que hacer fijos, pero sí dicen que tiene que haber una sanción disuasoria». Y, aunque «nosotros, por supuesto, preferimos seguir trabajando», el Gobierno «podría ofrecernos una indemnización, por ejemplo, de 33 días, y luego sacar todas las plazas a oposición», lo que entienden «una solución justa, pese al enorme gasto que representaría para el Estado».

Sin embargo, lo que se hace con el decreto de acceso a la función docente, «y con la complicidad de los sindicatos», es «apostar por el despido libre y gratuito de un millón de trabajadores que llevan trabajando tres, veinte o treinta años para la administración». «Lo que pedimos –insiste– es tener los mismos derechos que cualquier trabajador: que cuando se nos despida se nos pague igual. Si hace eso mañana el Gobierno, nos sentamos y nos lo podemos plantear». Pero, «ni quieren pagar un despido, ni cumplir con las normas europeas y nacionales».