Los interinos hacen las maletas

Miles de interinos de La Rioja miran con recelo la convocatoria de oposiciones de una histórica oferta de empleo público que amenaza con dejarles en la calle. Todo ello a pesar de que en muchos casos llevan décadas ocupando la misma plaza en la administración. Un puesto que no tienen en propiedad «no por falta de ganas», dicen, sino porque o no ha habido oposiciones hasta ahora o porque en su día, pese a aprobarlas, no lograron acceder a una de las pocas plazas convocadas. La raquítica oferta les volvía a condenar a ser de nuevo un número en la bolsa de interinos.

Ya no son tan jóvenes y sienten que se enfrentan a una cascada de oposiciones, que comienzan este mes, y lo hacen en desventaja frente a jóvenes recién salidos de la universidad que no tienen cargas laborales ni familiares y, sobre todo, tienen todo el tiempo del mundo para prepararse un examen que arranca con una prueba teórica, que es eliminatoria, y que no tiene en cuenta la experiencia que sí aportan los veteranos.

Celia, Valvanera, Justo, Carmen, Jorge, Conchi, Josefina, Laura y Jesica, miembros de la Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR) son sólo un botón de muestra del colectivo de empleados temporales que en el Gobierno autonómico, según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, representan el 31,77% de la plantilla. Ahora encaran un proceso que la administración bautizó de estabilización del empleo; «de estabilización de las plazas no de las personas», responden ellos, y piden un sistema «justo» que no les deje fuera de juego y sin saber a dónde ir ahora que superan los 40, los 50 e incluso algunos están a las puertas de la jubilación.

A Celia Santiago, profesora de Educación Física en Secundaria, las oposiciones, como a la mayoría, le pillan a contrapié. Inició su vida laboral en 1992 en Castilla La Mancha y el curso 1996-1997 vino a La Rioja. Desde entonces ha estado trabajando aquí casi ininterrumpidamente, en puestos en los que realmente existía la plaza, diez años en Fuenmayor, cinco en la Laboral seguidos... «Eran plazas que realmente se necesitaban pero como venía bien con el tema de la crisis no sacar plazas...», apunta.

El año pasado se enfrentó a un proceso de oposición, tenía 61 años, y tuvo que competir con gente recién salida de la facultad, de INEF. Pese a sus temores superó las pruebas físicas. «Las pasé raspando pero las pasé, pero dije: Si me da algo por lo menos que les remuerda la conciencia», ironiza. No le fueron mal del todo, pero «me descolgué de la lista». Siempre había sido la segunda pero a partir de entonces cayó al puesto número nueve. El camino para continuar trabajando se estrechaba y las opciones eran una plaza entera en Rincón de Soto o media en Logroño.

Optó por lo segundo «con lo que económicamente eso significa, porque en mis circunstancias recorrer ciento y pico kilómetros todos los días...». En el 2020, «dicen que vuelven a salir oposiciones y con 64 años ya no me voy a poner a correr porque entonces sí que me va a dar algo». Llegado este punto «estoy viendo que, después de trabajar 28 años en educación, los últimos me van a machacar la pensión. Y si hay oposiciones en el 2020, me quedo fuera, voy al paro y sin indemnización, por supuesto», lamenta.

Valvanera Sáinz tiene 49 años. Empezó su andadura laboral en 1997, con sustituciones de verano, pero enseguida le hicieron una prueba para entrar en una bolsa de trabajo. «Como fui muy tranquila acabé haciendo uno de los mejores exámenes y comencé a trabajar a tiempos parciales». Encadenó contrato tras contrato, incluso de un sólo día, de un 2 de enero, un 26 de enero... Incluso se quedaba sola en un centro de salud desde las 9 de la mañana hasta las cinco de la tarde y «si no vales o si eres nueva dudo que a nadie le dejan solo en un centro de salud con la clave de la alarma». No tardaron en darle una interinidad que ocupó durante doce años. Se truncó durante un tiempo, pero hace siete años recuperó esa condición al empezar como auxiliar administrativa en el Hospital San Pedro. Su caso es de esos que dejan llagas en el alma. Tiene una hija de 22 años con una discapacidad del 100% y un padre con alzheimer, así que conciliar la vida laboral con la familiar es un rompecabezas de difícil encaje.

Ha estado trabajando en una planta en la que «se paga la confidencialidad a precio de oro -dice- y de mi boca no ha salido nada». Nunca le han abierto un expediente, «ni de superiores ni de inferiores ni de pacientes, porque como yo continúo siendo paciente, por mi hija, me gusta tratar a todo el mundo como me gustaría que me trataran a mí». «A mi trabajo -apunta- voy llorada porque voy a trabajar que para eso se me paga y es lo que pido, que me dejen continuar trabajando». Cree que no puede competir con una persona de 24 años, «ojalá», pero ni siquiera con otra de su misma edad. No tiene tiempo para estudiar, está en el hospital siete horas diarias y cuando le toca por exceso de horario, acude los fines de semana. Además de la hija con discapacidad, tiene otros dos hijos más, uno en la universidad, «que también hay que pagar». Un coste al que hay que sumar los de su hija, empezando por la silla, «que vale un dineral». «El material de mi hija se paga: reposapiés derecho, reposapiés izquierdo, reposamanos derecho, reposamanos izquierdo. Mi hija tiene todas las adaptaciones posibles en su silla de ruedas porque no sujeta ni la cabeza y si yo no pongo ese dinero por delante, la silla no sale de la ortopedia. No pido dinero, quiero que me dejen trabajar». Una petición desgarradora de una mujer al filo de los 50 años que se siente «tirada y pisoteada» y que sólo reclama «a quien le corresponda, que la dejen trabajar», insiste.

Tiene 47 años y padres octogenarios. Es la carta de presentación de Justo Lázaro, profesor de Informática en el IES Comercio. En su relato emplea ese humor que deja un poso amargo. «Soy esa persona que nunca ha dado la talla y que no me he merecido nunca nada, es así». Aprobó una oposición en Navarra que le permitió trabajar después, pero «no di la talla porque la talla era que había que tener experiencia y puntos y que ya me tocaría». Volvió a aprobar una oposición. Había cinco plazas pero se quedó sexto. «Tampoco daba la talla porque estaba en ese punto intermedio que casi lo tocaba pero no llegaba y ahora no doy la talla porque no tengo derecho a indemnización y no llego a aprobar una oposición con plaza». Pese a todo insiste en que la capacidad la demuestra todos los días desde hace 18 años, los que lleva en su puesto de trabajo, «pero no debe ser suficiente como para tener un puesto en propiedad, no doy la talla una vez más». Asegura que muchas veces se pregunta si el sistema de oposición «garantiza que luego hagas mejor tu trabajo y en educación tengo claro que, tal como está planteada, no te hace ser mejor profesor». Desearía que le preguntasen a sus alumnos que le evaluasen porque salen perfectamente preparados. «Ellos han evolucionado y yo les digo: el instituto considera que vosotros dais la talla mejor que yo porque vosotros vais a pasar a segundo y yo sigo en primero y sin derechos».

A sus 57 años Carmen Ruiz va a cumplir 28 años de interina. Empezó a opositar en 1990-1991, cuando todavía no se habían transferido las competencias de educación a las comunidades autónomas. Un año se presentó a las oposiciones de Administración de Empresas y otro a Procesos de Gestión Administrativa. Opositaba en Madrid y entró a formar parte de la bolsa de interinos de las dos especialidades. De ahí empezó a trabajar en La Rioja y, a medida que las comunidades iban asumiendo las competencias en educación, a engarzar oposición con oposición en estas dos especialidades en distintas autonomías. En Valencia, Zaragoza, el País Vasco, en Madrid dos o tres veces... logró aprobar en Valencia con un 7,9, pero había un proceso que beneficiaba a los interinos que llevaban muchos años trabajando y se quedó sin plaza. En el País Vasco, más de lo mismo, aprobó pero no obtuvo plaza porque no tenía muchos puntos. Llegó la reforma de la FP y probó fortuna con las pruebas a Formación y Orientación Laboral (FOL). Superó los exámenes con un 5,9 pero sacaron doce plazas y ella era la número trece. Se quedó a dos décimas de ser funcionaria.

Ahora, con 57 años y tres especialidades aprobadas, «con lo que supone de esfuerzo físico y desgaste», se encuentra «en la calle, con una incertidumbre que no sé qué va a ser de mí. Desde que sabemos que van a sacar plazas, no sabemos cuántas, no sabemos qué estudiar... me encuentro en una situación de desamparo y de todo». «Si me voy a la calle no tengo derecho ni a indemnización y tengo dos hijos, una termina segundo de Bachiller y otro está en la carrera». A ello se suma su malestar porque «nos han llamado de todo, vagos, que estamos por la jeta y si no tenemos plaza es porque no hemos querido, cuando es porque no ha habido oposiciones. Hemos sido muy maltratados e incluso a veces hasta nos lo creemos».

Jorge Azón es la cabeza visible de la Plataforma de Interinos de la Rioja. Tiene 47 años y comenzó a trabajar en 1999 en la universidad, al tiempo que hacía el doctorado. Ese año salieron oposiciones, se presentó y sacó buenas notas, pero no tenía experiencia y se quedó en los primeros puestos de las famosas listas. Desde entonces su vida ha estado ligada laboralmente a la educación. La de docente en la universidad la compatibilizaba siendo profesor en el instituto por la mañana. Así aguantó diez años, hasta que cumplió los 36. Empezó a notar «palpitaciones» y se plantó, además quería ser padre, así que se decantó por continuar de profesor de Secundaria. Le pagaban algo más. A los 38 años se estrenó en la paternidad y ahora, con padres mayores e hijos pequeños, la menor tiene 7 años, mira de reojo unas oposiciones que considera un «derroche de recursos humanos». «He estudiado y he demostrado -indica-, y esto es una desesperación total». No se sacude la sensación de que le están «toreando, sobre todo los sindicatos, porque no quieren que aprobemos, si aprobamos todos, se les acaba el negocio». Le «encanta» su trabajo. «Estoy en clase y soy feliz, pero salgo y estoy harto. Te matan la ilusión».

Conchi Pérez empezó a trabajar como auxiliar administrativa en sanidad en 1991. Entonces pertenecían al Estado. Con las transferencias, en muchas comunidades les dejaron fijos y aquí en La Rioja «nos fuimos a la calle». Aún así, salvo un parón por problemas familiares, ha estado toda su vida trabajando, sacando adelante en solitario a sus tres hijos «y estoy orgullosa de ello, pero ahora, con esto de las oposiciones, van a ser ellos los que tengan que mantenerme a mí». «Llevo de interina 24 años, he hecho el octavo trienio en la administración y con casi 60 me veo en la calle y sin ningún sitio a dónde ir», lamenta. Conchi es contundente y considera que «se están haciendo las cosas de auténtico culo». En su opinión, tendrían que empezar por sacar a oposición todas las plazas que quedan vacantes en el año y esperar a que se jubilen los que llevan tantos años «para que vayan sacando esas plazas a oposición».

En 1999, Josefina, que no quiere desvelar su apellido, empezó a trabajar en el Seris por una bolsa de empleo. En el 2004 inició una cadena de contratos, de esos que en la jerga interina se denominan de acúmulo de tareas, y así hasta el 2016 cuando a muchos les hicieron interinos «porque hasta ese momento nadie se había molestado en regularizar nada». Y ahora, «que tan felices nos las prometíamos con la estabilización, resulta que le han dado la vuelta a la tortilla, nos han engañado con las palabras. Es una estabilización que desestabiliza porque a un montón de gente nos van a echar a la calle». Cuenta que las pruebas que les van a poner son las mismas que para una oposición ordinaria y «siempre nos han puesto un temario muy por encima de nuestras posibilidades y eso nos supone muchísimo esfuerzo». A ello se suma que «los valores que hemos adquirido no nos los pueden evaluar en ningún examen porque es una aportación que hemos conseguido a través de años, de nuestras relaciones con los compañeros, con los jefes y creo que eso no se corresponde con que a mí me hagan un examen y que pueda tener un mal día». Cree que la administración «nos quiere hacer pagar las irregularidades que ha cometido y nos lo quiere hacer pagar de la forma más cruel y en las edades que tenemos, teniendo en cuenta que en este país el trabajo está como está».

Primero fueron contratos de verano y después sustituciones. Así empezó Laura -tampoco quiere revelar su apellido- en 1997. «Te iban llamando una semana, luego el fin de semana ibas al paro, volvías a trabajar y así una temporada». En el 2003 le ofrecieron un contrato y en enero del 2016 le dieron una interinidad «y ahí sigo». En el 2001, coincidiendo con las transferencias, hubo oposiciones, pero era complicado acceder a una plaza porque no tenía experiencia. Luego las han ido convocando con cuentagotas, la mayoría por promoción interna, «entonces, ¿a qué tenemos derecho a acceder nosotros? porque, además, la experiencia se valora una vez que has aprobado todos los exámenes». Tiene dos hijos y en su trajín diario, de entrar y salir con ellos, no tiene tiempo para sentarse a estudiar unas oposiciones. Un maridaje demasiado complicado.

Jesica -no es su nombre real, prefiere permanecer en el anonimato- es auxiliar de Enfermería y ronda los 40 años. Estuvo trabajando fuera de La Rioja más de cinco años. «Dejas familia y dejas todo, y además en los años fértiles, así que hay cosas que ya se te pasan y si quieres tener hijos tienes que pagar una clínica privada que te cuesta un pastón». Se considera víctima de los cambios normativos «que nunca les perjudican a ellos» y, aunque dice que no tiene mucho que perder, siente cierto malestar porque después de más de ocho años de auxiliar de Enfermería «estás ahí entre Pinto y Valdemoro» viendo cómo se avecina un sistema de oposiciones «que nunca me ha parecido justo, porque si ya has aprobado una vez ¿para que te tienes que presentar una y otra vez? Es un sacadineros».