Inspección de Trabajo envía 496 cartas a empresas riojanas por posible fraude laboral

Se trata de una campaña que, en su primer estadio, tiene carácter preventivo. Las fuentes consultadas añaden que la detección de anomalías se desdobla en dos vertientes: por un lado, posibles fraudes en la firma de contratos «fuera de la normativa», donde la Inspección de Trabajo (entidad remitente de las misivas) hubiera encontrado indicios de la comisión de faltas o delitos.

Del casi medio centenar de cartas enviadas desde La Rioja, la mayoría se dirige precisamente a indagar más información al respecto de las empresas sospechosas de estas irregularidades: un total de 382, que pretenden como prioridad evitar la contratación de falsos autónomos. También pretende corregir abusos en la contratación por horas o a media jornada, una obsesión del Ministerio de Trabajo.

El resto de cartas enviadas a las empresas riojanas, hasta 114, se han dirigido a la persecución de otro tipo de anomalías: las derivadas de fraudes en la contratación temporal en la escala riojana. Es decir, contratos que ignoran los límites impuestos por la legislación laboral en materia de temporalidad. De acuerdo con los datos de Inspección de Trabajo, este organismo ha detectado, a través del empleo de la mencionada aplicación informática (llamada Herramienta de Lucha contra el Fraude), así como de los mencionados cruces de datos, que un relevante número de empresas «incumplen presuntamente el plazo de contratación eventual de 12 meses en un período de 18», como detalla en una nota de prensa divulgada el pasado día 22 de agosto. Es decir, en pleno verano: una época especialmente propicia para la firma de contratos temporales en sectores como el agrícola o el turístico.

¿Cuál es el siguiente paso? Porque, en efecto, la campaña dirigida por Inspección no se detiene en el envío de cartas que tienen un propósito en general informativo. El plan pretende pasar a continuación del nivel puramente informativo, que es donde se sitúa el envío de cartas a esas 500 empresas riojanas sospechosas de irregularidades, al fiscalizador: todas ellas, al igual que sus semejantes de toda España, disponen de un mes de plazo para poner en orden su situación. De lo contrario, avisan los responsables de la campaña, «la Inspección enviará a un funcionario para proceder a la investigación de los contratos de esas empresas», levantando acta si hubiera iregularidades y elevando una propueta de sanción.