La inmigración, clave en la lucha contra el envejecimiento y la despoblación

Los autores de este estudio, Luis Camarero, de la UNED, y Rosario Sampedro, de la Universidad de Valladolid, también señalan que el 10% de las personas que residen en municipios de menos de 10.000 habitantes ha nacido en el extranjero. Un porcentaje que se incrementa hasta el 16% cuando se estudia el grupo comprendido entre los 20 y los 39 años, por lo que, según se evidencia en el artículo, los inmigrantes contribuyen a rejuvenecer la España rural.

Los nuevos nacimientos y las reagrupaciones familiares son un fenómeno determinante en la geografía futura de las zonas rurales de la península. Sobre todo, porque las madres rurales de origen extranjero tienen más hijos que las nacidas en España (1,5 hijos por mujer frente a 1,2, respectivamente). Esta situación, unida a que la procedencia geográfica y cultural de los extranjeros es variada, determina que, contra el imaginario rural de población inmovil, permanente y local, la España rural es diversa y cosmopolita.

En referencia a los flujos de población, el estudio explica que, desde finales de los años noventa, se aprecia un importante aumento de población extranjera que se desplazó a municipios rurales. Un hecho que pudo realizarse gracias a la agricultura exportadora, a la construcción, al turismo y a la demanda de cuidadores. Sin embargo, la crisis del 2008 provocó su despoblación: frenó la llegada de inmigrantes que, incluso, decidieron marcharse a sus lugares de origen o a entornos urbanos. A partir del 2015, las cifras repuntaron hasta que, en el año 2017, el saldo migratorio volvió a ser positivo por la población de origen extranjera.

Sin embargo, hay aspectos que castigan de manera notable a este colectivo, como la precariedad laboral, que acumula cerca del doble de inestabilidad laboral (en 2018, el 16,8% de las familias inmigrantes vivían en hogares en los que todos los empleados tenían un contrato temporal, mientras que en el caso de los migrantes la cifra descendía al 9,1%). Pero también acumula el triple de pobreza laboral (33,7% frente al 10,6% de los autóctonos en el mismo año). Además, la tasa de riesgo de pobreza de los inmigrantes que residen en España, un 46% en 2017, es muy superior a la que el mismo grupo registró en el conjunto de la UE-28. De hecho, solo en España y en Grecia los valores son superiores al 40%. Sin embargo, en comparación con la población autóctona (18% de riesgo de pobreza en 2017), España no es el país que presenta las diferencias más altas: el contraste entre inmigrantes y nativos es aún mayor en Suecia, Austria o Bélgica, en los que el riesgo de ser pobre se triplica para las familias de origen extranjero.

Cabe destacar que la situación es peor en el caso de las mujeres. Las trabajadoras extranjeras ganaron al año, de media, poco más de 14.000 euros brutos en 2016, frente a los casi 27.000 ingresados por los varones de nacionalidad española. Los datos de la Encuesta de Estructura Salarial ilustran claramente la doble brecha, de género y origen, que condiciona la exigua ganancia de las mujeres inmigrantes empleadas en nuestro país.

La vivienda también es una necesidad social que las familias inmigrantes han tenido dificultad para cubrir de forma adecuada, en un contexto de precios elevados, insuficiente oferta de alquiler y ausencia de ayudas públicas eficaces. La consecuencia ha sido una gran sobrecarga económica por el gasto asociado a la misma y el acceso a viviendas con peores condiciones de habitabilidad. El coste de la vivienda supone una sobrecarga para el 49% de los inmigrantes (y el 16,8% de autóctonos), al absorber más del 30% de sus ingresos.