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LEADER es una iniciativa comunitaria que se puso en marcha hace más de 30 años y que buscaba promover el desarrollo de los territorios rurales, a través de procesos participativos de abajo a arriba.
Esta ha sido su fortaleza y su debilidad, ya que la ... gestión de fondos públicos (europeos, nacionales, regionales y municipales) a través de los llamados Grupos de Acción Local (GAL) ha supuesto un alto riesgo al no estar sometidos a los lentos, pero estrictos procedimientos de control del gasto público, o al menos no de la misma manera. Como dato, en la Unión Europea (UE) existen en la actualidad alrededor de 2.800 GAL. En España se localizan 252, de los que tres están en La Rioja.
Hace pocos días, un informe del Tribunal de Cuentas Europeo puso en cuestión que los beneficios de esta iniciativa para el desarrollo rural de la UE compensen los costes y riesgos que implican, a pesar de que reconoce su gran utilidad para promover la implicación local en su propio desarrollo. Uno de los argumentos es que muchos de los proyectos se podrían haber financiado con otros programas más convencionales, con un menor coste. Por otro lado, en muchas zonas se ha abusado de este programa para financiar infraestructura local, lo que se aleja mucho de sus objetivos. También destaca que la cuarta parte de la financiación va a gastos administrativos, aunque no tiene en cuenta que la cofinanciación del resto de las administraciones locales reduce sustancialmente este porcentaje. En general es un proceso complejo para la administración, lo que ralentiza todo el procedimiento y altera de forma significativa la gestión del gasto público.
Son más de 30 años y es natural que surjan dudas. Lo que hace tres décadas era una innovación, ahora ha dejado de serlo y, o se le dota de un nuevo factor diferencial que le permita aportar valor o, quizás, sea el momento de revisar este modelo de gestión.
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