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Hace años, el indicador que se utilizaba para revalorizar las prestaciones sociales era el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es decir, que en un primer momento su repercusión no se limitaba al plano estrictamente laboral –bases y tipos de cotización, y prestaciones de la Seguridad Social–, ... sino que al generalizarse su utilización como indicador de referencia afectaba a aspectos relacionados con el gasto público – ayudas económicas, subvenciones, renta activa de inserción, renta agraria, prestaciones sociales, becas estudiantiles, bono social eléctrico, ayudas al acceso de viviendas de protección oficial, etcétera–, que exceden el terreno puramente relacionado con el trabajo. Además, el IPREM es el índice observado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el cálculo y pago de los subsidios de desempleo.
Fueron precisamente las dificultades de la administración para controlar el gasto público las que impulsaron que el SMI fuera sustituido en 2004 por un nuevo indicador, llamado IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que se creó para evitar que las ayudas sociales subieran como la inflación o el salario mínimo. Porque, aunque en el momento de su creación, su cuantía era idéntica a la del SMI, progresivamente su importe ha ido aumentando en menor medida que el del Salario Mínimo. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año fija su cuantía. En 2022 está en 579,02 euros mensuales, 421 euros menos que un SMI de mil euros, que hoy podría salir adelante a pesar del posicionamiento contrario de los empresarios.
Por eso, en los subsidios por desempleo y ayudas extraordinarias, que están vinculados al IPREM, este año se cobran 463,21 euros al mes, el 80% del IPREM. Si fuera sobre un SMI de mil euros, cuantía que Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO aspiran que alcance hoy, el importe llegaría a los 800 euros.
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