Mónica Puig | 2 de febrero de 2003
Un infierno con el peor final posible

La joven fue asesinada por su marido tras una relación salpicada con varios episodios de violencia y amenazas

Iñaki García

Logroño

Lunes, 25 de noviembre 2024, 07:16

Cada vez que la veía, se lo decía: o para mí o para nadie. Al final fue para nadie». Así hablaba Yolanda solo unos días después del asesinato de su hermana Mónica a manos de su marido el 2 de febrero de 2003. La víctima se había trasladado a casa de sus padres, en el barrio logroñés de Siete Infantes, y su agresor aprovechó un descuido para colarse en la vivienda y, cuchillo en mano, asestarle ocho puñaladas a la joven.

El asesinato saltó a las páginas de los periódicos solo una semana después de que otra mujer muriera a manos de su pareja en Santo Domingo de la Calzada. Dos hechos similares en una región tranquila que llenaron de preocupación y de pesar a la sociedad riojana. Lo que ocurrió aquel 2 de febrero resultó el peor final posible para «el infierno» que Mónica vivió prácticamente desde el momento en el que contrajo matrimonio con Miguel A. J. Fueron apenas tres años, salpicados con numerosos episodios de violencia, de los que algunos de ellos llegaron a denunciarse.

Y todo se intensificó en los días previos al suceso, ante la insistencia de Mónica de romper la relación. La víctima incluso se vio obligada a abandonar su trabajo en un supermercado porque su marido se había presentado allí en un par de ocasiones. «En la empresa le dijeron que no lo podían consentir, que era un establecimiento de cara al público y esas escenas eran intolerables», recordaba Yolanda tras la muerte de su hermana.

La pareja contaba con una hija en común, que en el momento de los hechos apenas tenía 17 meses. De hecho, la guardería a la que acudía también fue escenario de algunos hechos violentos por parte del agresor. Mónica no podía soportar más esa situación. El viernes previo al domingo en el que se produjo el asesinato, el homicida se percató de que su pareja había cambiado la cerradura de la casa y la emprendió a patadas con la puerta, un hecho que hizo que Mónica abandonara definitivamente el domicilio conyugal y se trasladara a casa de sus padres.

Un día después, la joven solicitó una orden de alejamiento de su marido, pero esta no llegó a tramitarse, puesto que los hechos se desencadenaron aquel 2 de febrero. Mónica ya estaba en casa de sus padres y su marido aprovechó el más mínimo despiste para colarse en el piso. Se escondió en los trasteros y esperó a que la madre de Mónica saliera para llevar unas bolsas al trastero. Se percató de que la puerta se había quedado abierta y se metió en el domicilio, donde le asestó ocho puñaladas a su esposa, quien fue trasladada con vida al hospital, aunque horas más tarde falleció sobre la mesa de operaciones.

«La familia tiene la sensación de que esto no acaba nunca», asegura su letrada

Los hechos quedaron probados durante un juicio que se prolongó durante tres días (del 22 al 24 de noviembre de 2004) y en el que el acusado se mostró «arrepentido de todo», aunque su relato era muy diferente al que finalmente quedó probado. Aseguró que entró en la casa de sus suegros desarmado con la intención de hablar con Mónica, negó incluso haber estado escondido en los trasteros y afirmó que su cuñado le había agredido. «A partir de ahí, perdí el control de la situación, no sé bien lo que pasó», decía. Además, insistió en que la noche anterior había consumido drogas, como era habitual desde hacía años. «La droga me provoca paranoias y pierdo el control», se excusó. «No sé bien lo que pasó», apostilló.

Al respecto de esa adicción, tanto el Ministerio Público como las acusaciones apelaron a los testimonios recogidos, en los que se aseguraba que el acusado se hallaba «perfectamente consciente, orientado y colaborador». Además, se recordó en el juicio que «el mero consumo de drogas no es atenuante de la responsabilidad criminal» si no afecta de forma grave a las facultades mentales. La familia, mientras, se mostraba contundente. «Habrá justicia si le echan 20 años y cumple 20 años en la cárcel», sentenció Yolanda.

La sentencia

Alrededor de un mes después del juicio, llegó la sentencia. Contundente. El entonces acusado fue condenado a más de treinta años: tres por un delito de malos tratos habituales, uno por amenazas, dieciocho por un delito de asesinato con agravante de parentesco, seis años por homicidio en grado de tentativa (al hermano de Mónica) y veinte meses por un delito de lesiones. También se le impuso, como responsabilidad civil, una indemnización de 150.000 euros para su hija y de 80.000 euros para los padres de Mónica. La defensa presentó un recurso de casación en el Tribunal Supremo tras la sentencia y en 2006 se rechazó. Se desestimó en su totalidad y el Alto Tribunal condenó al asesino a pagar las costas procesales derivadas de la revisión del caso.

Ahí se puso fin a toda la parte procesal del suceso. Desde aquella resolución del Supremo han pasado 18 años y de los hechos que acabaron con la vida de Mónica, casi 22. Mucho tiempo. «Pero la familia ha tenido siempre la sensación de que esto no se acaba nunca», afirma en la actualidad su abogada, Isabel Gómez. De hecho, se han producido novedades recientes. «En un momento dado, se le concedió la libertad condicional y se instaló en un piso», cuenta la letrada. «Después, desapareció, el piso se incendió, no se sabía dónde estaba...», añade. «Luego volvió a aparecer, no sabemos ni cómo ni cuándo, y en este 2024 se le ha revocado la libertad provisional;ahora tiene que cumplir íntegramente los 25 años que la ley fija como límite», concluye su explicación.

Antes de este episodio, la abogada de la familia cuenta que se opusieron a la libertad condicional «por un incumplimiento de la responsabilidad civil» dictada por el juzgado. Un incumplimiento derivado de una situación que Gómez define como «kafkiana». «Esta persona cobra un peculio en el centro penitenciario y tenía unos ahorros en la cuenta bancaria; nosotros, como acusación particular, embargamos esa cuenta y él se opuso diciendo que devenía de un salario que estaba por debajo del mínimo interprofesional», apunta. «Así, después de haber entregado una parte del dinero, se exigió la devolución. Ese episodio de tener que devolver dinero fue muy impactante para la familia», incide.

En lo referente a la hija (que ya tiene 23 años), Gómez destaca lo «bien arropada que ha estado por la familia» durante todo este tiempo. «Ellos solo querían que se sintiera segura y distante de todas aquellas vivencias y creo que lo han conseguido», se congratula. «Los abuelos han hecho una labor fantástica; es una niña rescatada y ha tenido una vida normal», remata la letrada.