Incautados 96 móviles en la cárcel de Logroño en los últimos cinco años

En los últimos cinco años se han incautado 96 teléfonos móviles en la cárcel de Logroño. Los datos los ha facilitado este jueves el sindicato Acaip-UGT en una nota de prensa en la que recuerda que estos dispositivos están prohibidos dentro de la cárcel porque «permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles».

La prohibición, añaden, no solo responde a criterios de seguridad, sino también al «cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social». Aseguran desde este sindicato que estos dispositivos se han convertido en uno de los objetos «más codiciados en prisión, generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno».

Entre 2020 y 2024 se han incautado 96 terminales sólo en Logroño y en todos los centros dependientes de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias el número asciende a 12.882. Solo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 37 fueron requisados en Logroño. Este mismo miércoles se requisaron 3 móviles a un interno que los portaba en el interior de su cuerpo.

Desde Acaip-UGT quieren poner en valor el esfuerzo y compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, «a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando».

Muchos de estos dispositivos estarían siendo utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad. El acceso a ellos «no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia».

«Los funcionarios deben hacer frente a esta realidad con medios claramente insuficientes». Los terminales son cada vez más pequeños y están fabricados con componentes plásticos con lo que escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados. Esta situación obliga a realizar «requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros».

Además, han surgido nuevos métodos de introducción que suponen una grave amenaza para la seguridad: los drones. Su capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros.

Frente a este panorama, en Acaip-UGT consideran urgente una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad. Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones. Por tanto, «es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas».

La lucha contra esta amenaza «debe ser una prioridad para la Administración, dotando a los trabajadores de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el orden y la seguridad en los centros». Desde ACAIP-UGT reclaman «una respuesta firme, moderna y eficaz para hacer frente a esta amenaza constante. La seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios. Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica».

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