La actividad en los juzgados riojanos cae al mínimo por la huelga de letrados de la Administración de Justicia

Según ha explicado la portavoz del colectivo, Judith González, en el Registro Civil, excepto la inscripción de nacimientos y defunciones, el resto de trámites quedaron suspendidos. Tampoco se han celebrado 62 juicios, 15 declaraciones de imputados, 157 actos de comunicación al exterior, 40 actos de notificación en el propio edificio, testificales y un desahucio. Solo se han mantenido las causas con preso, las actuaciones en materia de violencia de género y las medidas provisionales.

Desde la Unión Progresista de los Letrados de la Administración de Justicia (UPJS), organización convocante de la protesta, han calificado este miércoles la jornada de huelga de éxito en La Rioja, al igual que en otras comunidades del país en las que el seguimiento ha oscilado entre el 70 y el 80%.

Los antiguos secretarios judiciales, que a mediodía y vestidos con sus togas se concentraron a las puertas del Palacio de Justicia, reclaman el derecho a una negociación colectiva propia. «A nosotros –ha señalado González– nos representan unas asociaciones propias y no los sindicatos generalistas». Ha asegurado que en España hay 3.500 letrados y «cuando nos integran en la masa de todos los funcionarios, no tenemos ninguna representatividad». De ahí que piden que sus condiciones laborales sean negociadas a través de sus asociaciones.

Esta es su principal reivindicación, pero no la única. A partir de 2009 se descargó a los jueces de una serie de funciones, en torno a las 600, que asumieron los antiguos secretarios judiciales. En ese momento «nos prometieron que llegaría la adecuación salarial», ha apuntado, pero no se hizo nada hasta 2021. En la ley de presupuestos para ese ejercicio se estableció una disposición general en la que se reconocía esa adecuación que «no llegó a cumplirse», recordó González. Así que «no solo no se ha cumplido la promesa del Ministerio de Justicia, sino que además el Gobierno ha incumplido una ley aprobada por el propio Gobierno».

Al margen de estas dos grandes peticiones, el colectivo ha reclamado otra serie de cuestiones. Entre ellas, que se remunere al letrado de la Administración de Justicia encargado del Registro Civil y que, dentro de la adecuación salarial, se tenga en cuenta el servicio de decanato que a día de hoy se reconoce con 50 euros al mes. «Se trata de un servicio esencial en todos los juzgados porque admite demandas y escritos y los reparte y eso por 50 euros al mes», asegura.

Lamentan el perjuicio que pueden ocasionar a los ciudadanos y al resto de operadores judiciales, pero tras esta protesta, no descartan continuar con las movilizaciones si el Ministerio que dirige Pilar Llop no les hace una propuesta real y efectiva. «Hasta ahora han sido vagas y sin ningún tipo de compromiso, así que ahora esperamos que mueva ficha y que no tengamos que recurrir a futuras movilizaciones, pero queremos propuestas concretas y no ese brindis al sol de vamos a negociar».