La huelga bloquea ya pagos judiciales por 1,5 millones, de ellos 31.000 euros en pensiones

Según los datos aportados aportados por Judith González, delegada en esta comunidad de la Unión Progresista de los Letrados de la Administración de Justicia (UPJS) y una de las tres organizaciones convocantes del paro que tiene lugar en todo el país, en la primera semana de huelga no se han efectuado pagos judiciales por valor de 1,5 millones de euros en La Rioja.

En este monto –sólo los juzgados de Logroño tienen una consigna por pensiones alimenticias, embargos, indemnizaciones o fianzas por valor de 14 millones de euros–, hay cuantías sustanciales, como por ejemplo una indemnización reconocida, y depositada en las instancias judiciales, por valor de 217.000 euros contra la unión temporal de empresas por retrasos en las ejecuciones de las obras de la estación de tren y de autobuses.

También esta pendiente de pago otra cuantía importante, de 300.000 euros a un ciudadano por un caso de responsabilidad civil, pero lo más importante son los 31.000 euros en pensiones que no se están ejecutando en esta primera semana de huelga de los letrados y que en muchos casos son de urgente y primera necesidad, ya que, en la práctica, no se puede mover un euro sin la firma de un letrado judicial: «La huelga, y lo sentimos por la gente afectada pero es responsabilidad absoluta del Ministerio que ahora no quiere cumplir el acuerdo que alcanzamos el pasado mes de abril, está causando un grave perjuicio a la ciudadanía», señala Judith González.

Además, como cada primeros de mes, hay ahora nuevas transferencias de pensiones de alimentos, de embargos de sueldos para pagar a las familias, de indemnizaciones, así como de multas que, salvo las incluidas en los servicios mínimos, se dejarán de hacer con lo que seguirán engrosando la lista de pagos judiciales pendientes.

Los letrados de la administración riojana se han concentrado este miércoles por la mañana ante las puertas del Palacio de Justicia para seguir reclamando al Ministerio que dirige Pilar Llop el cumplimiento del preacuerdo de abril, con el que pretendían mejoras salariales y de organización al haber asumido, según su versión, unas 600 nuevas competencias desde el año 2009, sin que se hayan traducido en aumentos de sus retribuciones.

Es un viejo conflicto, que se arrastra desde hace años, con varias convocatorias de paros parciales y que ahora se ha convertido en una huelga indefinida. Judith González confirma que «no sólo no ha habido ningún avance en las negociaciones con el Ministerio de Justicia, sino que ahora quiere imponernos una medida que vulnera flagrantemente el derecho al descanso y los principios de la legislación laboral». «El Ministerio ha publicado una instrucción –continúa– en la que obliga a que, si nos queremos coger un día de vacaciones, tenemos que justificar por qué queremos hacerlo, lo que va contra el derecho al descanso de cualquier trabajador».

La portavoz de la UPSJ concreta que la principal demanda es una cláusula de enganche que permita cobrar a la profesión el 75% del salario que hoy tienen jueces y fiscales, cuando ahora lo que perciben aproximadamente es un 62%: «Los letrados resolvemos el 60% de los casos que entran en los juzgados y los jueces el 40%, pero nosotros ganamos el 60% de su sueldo».

La portavoz de la UPSJ confirma que la huelga está siendo «un éxito» y que está secundada por el 96% de los profesionales de La Rioja: «Únicamente dos personas no está respaldando el paro en Logroño, mientras que en Haro y en Calahorra el seguimiento es total, del 100%».

Respecto a los servicios mínimos, Judith González asegura que son del 30%, una cifra que, a su juicio, «es claramente excesiva y sobrevalorada». «El ejemplo más claro lo tenemos en los juzgados de guardia, en los que, a día de hoy, hay uno abierto y otro que entra cuando al anterior cierra, pero los servicios mínimos obligan a que haya dos letrados de la administración de Justicia».

La portavoz del colectivo insiste en que «por nuestra parte seguimos tendiendo la mano al Ministerio de Justicia para que cumpla el pacto al que llegamos el pasado mes de abril; es decir, no estamos pidiendo nada más, pero está claro no puede haber otra base de negociación que lo que ya está acordado con anterioridad».