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«Ya nos da igual porque no tenemos más que perder». Esta frase resume el hartazgo de la hostelería y del ocio nocturno riojanos que acaban de anunciar en rueda de prensa que estudian denunciar por prevaricación al alcalde de Logroño, ... Pablo Hermoso de Mendoza, si el primer edil «no hace cumplir la ley antibotellón». El sector considera «una tomadura de pelo» las declaraciones de Hermoso de Mendoza y de la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, «justificando la inacción» e, incluso, «alentando» los episodios nocturnos registrados los últimos fines de semana, sobre todo en el parque del Ebro , pero también en otras zonas de la capital. Por eso, los empresarios valoran además reclamar patrimonialmente a Marrodán, así como a la consejera de Salud, Sara Alba, por priorizar el criterio de incidencia acumulada y no de el de la presión hospitalaria: «El famoso semáforo lo utilizan a conveniencia».
El presidente de la asociación de Hostelería de la FER, Francisco Martínez Bergés, ha acusado a Hermoso de Mendoza y a Marrodán de hacer «declaraciones incendiarias« y ha ha añadido que el número de denuncias impuestas por la Policía Local «da risa«. Asimismo ha recordado que la patronal »ha puesto muchas veces« en aviso al Consistorio de la situación »con fotografías« de los botellones y de los establecimientos en los que se vende alcohol, «pero no ha hecho nada». Por el contrario ha insistido en que en sus locales «sí existe control« por lo que ha reclamado »que nos dejen abrir según licencia«, y no sólo hasta las dos de la madrugada, como establecieron las cautelares del Superior de Justicia, porque »a partir de esa hora la gente se va a las calles y parques a seguir la fiesta«.
Y a todo esto ha añadido que «estamos arruinados« por lo que »vamos a cambiar de estrategia, de forma que no sólo valoran presentar reclamaciones patrimoniales a las administraciones públicas, «sino a las personas que firman nuestros cierres y restricciones, para que sientan en sus carnes lo que es perder el patrimonio personal«. »Nos han ninguneado y tomado el pelo, no se reúnen con nosotros y encima no nos han pagado ni un euro de las ayudas que dijeron que nos darían«, ha concluido.
Por su parte, el representante empresarial de las discotecas y bares de copas de La Rioja, Antonio Cendra, ha afirmado que «el ocio nocturno no existe en La Rioja: sólo abrieron dos de diez discotecas, y una ha cerrado ya». «Lo mismo que pasa en Baleares y , sin embargo se le ha culpado a nuestros sector del macrobrote (de coronavirus) entre jóvenes«, cuyo origen está »en una plaza de toros y en fiestas privadas«, o en Barcelona, «donde el sector tuvo que cerrar ayer, aunque esté comprobado que todo deriva de reuniones sociales incontroladas en las playas«.
Cendra se ha mostrado muy crítico con el alcalde de Logroño y la delegada del Gobierno en la comunidad «que han dicho que lo que los jóvenes hace en el parque del Ebro es socializar«. »Nos toman por idiotas, mienten y tratan de vendernos motos sin ruedas«, ha añadido. A su juicio, »esto roza un acto delictivo«.
Por otro lado, el dirigente empresarial ha criticado que el Gobierno de La Rioja priorice el indicador de incidencia acumulada al de presión hospitalaria, que es el que creen que debería seguirse, cuando se trata de un parámetro que «no es relevante» salvo pare medir la situación de la Atención Primaria. A lo que se ha preguntado: «¿También vamos a seguir pagando los platos rotos de esto?«. También ha subrayado que las epidemias de gripe común duplican la incidencia actual del COVID, por lo que ha entendido que es una enfermedad con la que hay que convivir y que es «inaudito« mantener »toda una actividad económica cerrada«.
El abogado y asesor jurídico de ambas asociaciones, Adolfo Alonso de Leonardo-Conde, ha anunciado que solicitarán al TSJR «que revise» las cautelares dictadas «para que el sector pueda abrir en el horario que tenga por licencia, «ya que se ha demostrado que los problemas no los ocasionan» bares y discotecas, «sino actividades fuera de control». En segundo lugar, y si no se cumple la ley contra el botellón, lo que sería «una prevaricación», además de una reclamación al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno en La Rioja, se estudiará la «posibilidad» de «trasladarlo a las personas físicas«, esto es, el alcalde y la delegada. Lo mismo se hará con la consejera de Salud Alba por la discrecionalidad en los criterios seguidos al priorizar la incidencia frente a la situación en los hospitales. La tercera iniciativa será una reclamación por responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas »por los perjuicios y daños« ocasionados al sector, aún sin cuantificar.
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