El hombre de la frontera

Cuando desaparece de la televisión el rostro de Rivera, prevalece sin embargo su estela. ¿Qué le ha pasado a Ciudadanos? O qué le está pasando. Porque siguiendo esa misma línea argumental, cabe preguntarse cómo pasó de convertirse en el brazo moderado de la socialdemocracia (o eso decían sus dirigentes de la primera hora) a enarbolar la renovación del espíritu liberal, con una mentalidad más moderna, cuya primera medida consistió en despojarse de la corbata y sonreír mucho a las cámaras. Pero el paso del tiempo ha nublado aquellos propósitos, esa inteligente táctica que el electorado había bendecido con una generosa dosis de votos, hasta dejar los apóstoles de la nueva política casi irreconocibles. El preocupante semblante enfadado de Rivera sirve ahora como espejo del sombrío presente que vive su partido, reflejado en las susodichas encuestas. Y en algunos movimientos pendulares que desorientan al potencial votante.

Por ejemplo. Una de las banderas que Ciudadanos esgrimió para atrapar al ciudadano desencantado, que podía hacer suya cualquiera que se confiese cansado de tantos y tantos desequilibrios en el Estado compartido (España, con perdón), se vinculaba con su pretensión de acabar con los privilegios entre regiones. Ciudadanos condenaba, como sólo se recuerda que hiciera UPyD, la deslealtad inherente a los territorios forales, anomalía que menoscaba la noción de un país unido de verdad en los mismos derechos y deberes. De aquella posición inicial, la formación naranja (en modo veleta) ha ido mutando hacia el permanente universo de las concesiones al nacionalismo, entronizando las desigualdades entre territorios. Y estos días acaba de traspasar la última frontera, luego de firmar un asombroso acuerdo con el foralismo navarro: ya ningún partido defiende a nivel nacional perseguir el equilibrio fiscal entre regiones. Malas noticias para La Rioja.

Rivera, que ya despistó al votante más templado uniendo su destino al de Vox en Andalucía, culmina su tendencia al ensimismamiento pactando en Navarra la consagración de la deslealtad entre regiones que venía a combatir. Y el elector, que sabe detectar esa oscilante política de alianzas e identifica a quien la sigue como un dirigente poco fiable, dispuesto a todo con tal de alcanzar el poder, toma nota: esos feos augurios sobreimpresionados en la pantalla del televisor confirman que Ciudadanos se ha extraviado en el laberinto de su indefinición ideológica, ese resbaladizo terreno, fronterizo con todo. Fronterizo con la nada: resulta que Rivera de mayor quería ser carlista. De lo cual tiene tanta culpa el propio protagonista de esta veleidosa trayectoria como quienes se la consienten, así en Madrid como en La Rioja: mientras permitan que su jefe siga entretenido en la contemplación absorta de su propio ego, todos serán igualmente culpables de que no encuentre el camino de regreso a casa.

Por Vox se temen que el casual (¿Casual?) encuentro entre su líder nacional, Santiago Abascal, con una dirigente del PP riojano en un área de servicio próxima a Burgos encerrara algo más que una charla intrascendente entre excamaradas: Abascal se inició en política en las filas del PP y mantiene desde entonces buenas relaciones con sus antiguos compañeros riojanos. Sobre ese encuentro pesa un runrún: que durante su conversación se aprovechara para meditar sobre la propuesta que, según desveló esta semana el diario El Mundo, lanzaran desde PP a Vox. Que no presente listas en algunas provincias. La Rioja, entre ellas. Donde la división del voto penalizaría al conjunto de la derecha.

El Comité Autonómico de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI La Rioja, que preside Manuela Muro) mantiene su carácter reivindicativo en defensa de los derechos de ese colectivo, especialmente en época de elecciones: en un comunicado, acaba de exigir a la Junta Electoral que anule «con carácter inmediato» la instrucción que permite a interventores y apoderados cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad. «La decisión de la Junta está cargada de un enfoque sesgado contra las personas con discapacidad», se queja el CERMI.