El hombre detrás de Nóos y Palma Arena

Miguel Ángel Subirán no es ningún desconocido y mucho menos en el entorno de togados de las Islas Baleares, pero tampoco en el resto del país por la repercusión de su participación como fiscal anticorrupción en casos tan sonados y mediáticos como Nóos y Palma Arena.

Nacido en Calahorra en 1961, Miguel Ángel Subirán desarrolló toda su carrera en la Fiscalía de Baleares, a la que llegó en 1987. Un aterrizaje discreto hasta que con los años empezó a despuntar de la mano del fiscal Pedro Horrach, el acusador estrella del caso Nóos que dejaría su puesto años después para ejercer como abogado.

Los métodos de Subirán no pasaron desapercibidos y menos desde su participación en los dos casos más sonados que acabaron con el exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, en la cárcel de Brieva, de la que salió en libertad condicional el pasado mes de marzo; y en el caso Palma Arena que se cerró con una sentencia condenatoria contra el expresidente Balear Jaume Matas (PP).

Todo cambió con el caso Cursach y el tándem que habría formado con el juez Manuel Penalva. Sus actuaciones despertaron las sospechas prácticamente desde los primeros pasos de la instrucción. Tal es así que a las puertas de los juzgados de Palma se convocaron varias concentraciones en protesta por unas pesquisas que levantaron ampollas entre los ciudadanos que, en pancartas, lamentaban que por las «mentiras había familias destrozadas».

Los movimientos del exfiscal riojano acabaron en manos de la justicia y también con su carrera profesional. En octubre de 2019 era retirado el caso y en junio de 2020 el Ministerio de Justicia le jubilaba con tan solo 59 años.

El 23 de junio de 2020 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba su cese de actividad en el Ministerio público. Su siguiente parada, salvo cambios de última hora, estará ligada con los juzgados de Palma, pero esta vez desde el banquillo de los acusados y no, como acostumbraba, desde el estrado. Allí se enfrentará a un rosario de acusaciones, a 12 años y medio de prisión, a inhabilitación y a multas millonarias por los presuntos delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones durante la instrucción de la causa que el pasado viernes acabó de juzgarse en la Audiencia Provincial balear.

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