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Desde este mes, todas las facturas eléctricas que se giran al cobro incluyen un nuevo cargo decretado por el Gobierno de la nación, que obliga a los consumidores domésticos (130.000 hogares en la comunidad) a participar en la financiación del bono social de ... electricidad, que en La Rioja está previsto que beneficie a 10.400 ciudadanos en situación vulnerable, según los cálculos de la Delegación del Gobierno. La aportación por cliente asciende a 11,15 euros al año (0,03 euros al día), con lo que el Estado recaudará 1,43 millones por este concepto en La Rioja.
El copago figura en el decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo (entró en vigor el pasado 31 de marzo, un día después de su publicación en el BOE), por el que se adoptaron «medidas urgentes en el marco del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania». Dos de las actuaciones más destacadas son la bonificación del litro de combustible de transporte para todos los ciudadanos de veinte céntimos y la limitación de la revalorización de los alquileres a un tope máximo del 2%, si bien en la 'letra pequeña' del macrodecreto aparece el nuevo sistema de financiación del bono social eléctrico –disposición transitoria sexta– que, por primera vez, incluye a los clientes, sin diferenciar particulares, comerciales o industriales.
Hasta ahora, el sistema para costear un descuento que oscila entre el 25% y el 40% en el precio de la luz a los consumidores domésticos más vulnerables recaía exclusivamente en las empresas comercializadoras. Sin embargo, el Tribunal Supremo (también se pronunció en contra el de la UE, porque otros países comunitarios financian este tipo de bonificación con cargo a sus cuentas públicas) anuló el procedimiento hasta en tres ocasiones (la última a principios de este año) al considerar que no se ajusta a la legislación europea y que discrimina a unas empresas del sector eléctrico frente a otras.
El Gobierno considera que este pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS no afecta a la aplicación del bono social y, de hecho, no solo continúa prestándose, sino que la aspiración del Ejecutivo es ampliar su alcance a 600.000 nuevas familias hasta llegar a los 1,9 millones, así como elevar a entre el 60% y el 70% la rebaja de la factura en función del grado de vulnerabilidad.
Ahora bien, el Ejecutivo sí admite la «situación extraordinaria de vacío normativo» que han generado estas sentencias del Supremo. Así, y «con el fin de garantizar la seguridad jurídica para todas las empresas que operan en el sector eléctrico», entiende «necesario que de manera urgente se dé cumplimiento a la ejecución de las citadas sentencias del Tribunal Supremo», de forma que «se regule de forma urgente el nuevo esquema de financiación del bono social» y el coste del suministro de electricidad del consumidor «en riesgo de exclusión social». Y para ello, debido a su carácter urgente, el Gobierno «habilita el empleo del real decreto-ley» para establecer esta regulación y que «se pueda seguir aplicando el bono social».
Y ¿cuál ha sido la solución? Una opción era imputar esta ayuda a los Presupuestos Generales del Estado, como ya se hace con el bono térmico, que es la prestación destinada a aquellas familias con muy limitados recursos que no puedan hacer frente al gasto energético de agua caliente, cocina y calefacción.
Sin embargo, en el caso del bono social de la electricidad, el Gobierno ha optado por implicar a todos «los sujetos del sector eléctrico» en la financiación de esta subvención. Es decir, desde las empresas que participan en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica –incluyendo la producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica–, hasta los consumidores directos en el mercado. En síntesis, toda la cadena de valor del sistema eléctrico nacional.
Eso se ha traducido en que ya están empezando a llegar a los hogares riojanos las primeras facturas con este nuevo cargo que se suma a los conceptos habituales, que gravan el recibo más allá del consumo determinado de energía realizado.
En estas páginas reproducimos una de ellas, emitida el día 8, en la que aparece el epígrafe 'Financiación Bono Social Fijo', así como el anexo explicativo de la compañía a su cliente sobre qué supone el nuevo cargo y el importe que conlleva: 11,15 euros al año, esto es, 0,03 euros al día. Como el recibo en concreto que publicamos comprende la facturación del 2 de marzo al 4 de abril, es decir, cinco días ya con el nuevo sistema que comporta a los consumidores el copago del bono social, el resultado a pagar por este concepto asciende a quince céntimos.
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