Grupo Arnedo reclamará dos millones de euros por el desvío de camiones a la AP-68

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 31 de julio la sentencia del Supremo que, estimando el recurso presentado por el Grupo Arnedo, anuló el Real Decreto 1023/2017 que prohibía a los camiones de cuatro ejes circular por la N-232 en su recorrido por la Rioja, y les obligaba a desviarse a la autopista de peaje AP-68. A partir de ese momento se abrió un plazo de dos meses para la ejecución de la sentencia. Al resultar inhábil el mes de agosto, el veto no se levantará hasta el 1 de noviembre. Si bien puede que se prolongue más. La Abogacía del Estado, que descartó solicitar un aclaración del fallo (aunque textualmente el Supremo anuló el veto, las interpretaciones han sido múltiples) presentará un incidente de ejecución de sentencia, lo que podría dilatar más la ejecución de la sentencia.

Con todo el Grupo Arnedo ya ha hecho sus cuentas y calcula que los dos años de desvío obligatorio a la autopista entre Zambrana y Tudela le han generado unas pérdidas de dos millones de euros, que incluyen los gastos de peajes, el coste de los kilómetros extra realizados por los rodeos obligados y las pérdidas de tiempo producidas al conducir estos kilómetros de más de toda su flota. En este sentido cabe recordar que la normativa que regulaba el desvío no permitía que los camiones abandonaran la AP-68 por la salida anterior más cercana al destino en el sentido de la marcha, o que se incorporaran por la entrada más próxima en el sentido de la marcha, incrementando los trayectos recorridos por los vehículos, que solamente podían salir de la autopista para cargar o descargar mercancías.

La empresa destinará la totalidad de la indemnización a la creación de una fundación para «mejorar la seguridad vial» en La Rioja porque «nuestra oposición al desvío nunca ha tenido un trasfondo lucrativo, si no la certeza de que esta medida no solucionaba el verdadero problema: la falta de infraestructuras en La Rioja», explica Arnedo.

Atradis, la patronal del sector perteneciente a la Federación Empresas de La Rioja (FER), rehusa valorar esta «iniciativa privada».