La gratuidad educativa hasta 3 años será total en las zonas rurales desde septiembre

El Parlamento de La Rioja vivió ayer la primera puesta en escena de dicha norma en una rueda de prensa conjunta de los consejeros de Presidencia y Hacienda, Begoña Martínez Arregui y Alfonso Domínguez, respectivamente; los portavoces de Ciudadanos y PP en el Parlamento, Diego Ubis y Jesús Ángel Garrido, y el diputado naranja Tomás Martínez Flaño. Ante los medios de comunicación firmaron el acuerdo de líneas políticas de actuación para el epílogo de la actual legislatura, algo así como las tareas que continúan pendientes después de casi cuatro años de trabajo.

«El Gobierno ha rendido cuentas», se satisfizo Diego Ubis cuestionado por los cambios de criterio de su formación. El reconocimiento de esos incumplimientos por parte del Ejecutivo, vino a sostener, es lo que permitió alumbrar el acuerdo suscrito ayer que, a su vez, marca el cómo (por lectura única) y el cuando (el 28 de febrero) de la aprobación de la ley de medidas urgentes, el principal objetivo del equipo de José Ignacio Ceniceros.

El documento de ayer pivota sobre siete puntos: la reestructuración de la Ader -«si nos ponemos, con voluntad la hacemos en una tarde», dijo ufano Ubis-; la puesta en marcha de nuevos proyectos de la Agenda Digital vinculados a la educación, la inteligencia artificial, la agricultura o los territorios inteligentes; la tarifa cero para autónomos; la redacción inmediata del proyecto de construcción del centro de salud Rodríguez Paterna de Logroño; la licitación, también inmediata, de la construcción de las Urgencias de la Fundación Hospital de Calahorra; el desarrollo de la gratuidad de los libros de texto; y la creación de un grupo de trabajo sobre la bonificación total del impuesto de patrimonio e incentivos a la inversión empresarial.

«El documento suscrito da continuidad e impulsa las bases del acuerdo por la gobernabilidad de La Rioja suscrito en el 2015», defendió Martínez Arregui, que destacó el «avance logrado en el desarrollo social, económico y democrático» en la región. Un texto pactado en el que «no ha habido cesiones, sino mucho diálogo».

Pero de todos, el último de los puntos del acuerdo -sobre el que ni la consejera ni el diputado aportaron más detalles- fue el que más interés despertó: la ley de medidas urgentes. El texto que llegará al Parlamento incluye, junto al calendario de implantación de la gratuidad en el primer ciclo de Infantil y las medidas fiscales y de tarifa plana, aspectos vinculados al desarrollo económico -que habilitarán al Ejecutivo a reorientar hasta 5 millones de euros de créditos presupuestarios hacia la investigación, el desarrollo y la innovación; a la ley del juego, prohibiendo negocios de apuestas en el área de influencia de los centros educativos; y un cambio en la ley de cooperativas.

En cifras, la ley de medidas urgentes viene a regatear el encorsetamiento de la prórroga presupuestaria y concede al Ejecutivo un gasto 'extra' de hasta 5.758.000 euros para activar la gratuidad de la educación 0-3 y el fomento del trabajo autónomo.