El 'Gran Hermano' no nos vigila tanto

Hay otras localidades de La Rioja con sistemas de videovigilancia que sirven para prevenir actos vandálicos o para controlar el tráfico que, a menudo, controla la Policía Local. En Logroño existe este servicio, y también en Haro, Arnedo, Santo Domingo y Nájera, aunque en otras localidades, como Calahorra las cámaras existentes no están en funcionamiento. En Lardero, por ejemplo, quizá no cuenten con cámaras fijas pero sí con un dron.

Jesús Sanz, vicesecretario de la Delegación del Gobierno, informa de que las cámaras de videovigilancia las debe autorizar una comisión de garantías y, en concreto, las de Villamediana y Cihuri, «quizá por desconocimiento, ni siquiera debían haberse instalado» sin el informe favorable previo. Eso sí, el próximo 15 de diciembre se reunirá la comisión que regula las cámaras de videovigilancia de La Rioja y se espera que se apruebe su uso.

«Hay otras localidades que están interesadas igualmente en instalar cámaras y los informes que se emitan no tienen por qué ser desfavorables», expone Jesús Sanz. La decisión de la comisión es vinculante, aunque la decisión final es de la Delegación del Gobierno. La comisión es un órgano formado por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, el fiscal superior, Abogacía del Estado, Administración General del Estado, Guardia Civil y Federación Riojana de Municipios.

La autorización se limita a cámaras que graban la vía pública cuyo fin suele ser «prevenir o esclarecer infracciones», pero, para preservar el Estado de Derecho, las imágenes solo pueden ser consultadas por las fuerzas de seguridad. De hecho, en Cihuri, donde se instalaron cámaras en calles y plazas, así como en el pabellón municipal y en la ermita de la Esclavitud, un concejal de la oposición denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos que el sistema no contaba con «las autorizaciones necesarias, omitiendo el procedimiento preceptivo, vulnerando de manera flagrante los derechos fundamentales».

El anterior delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, ya ofreció tiempo atrás a todos los municipios riojanos que lo desearan la instalación de cámaras de seguridad, a controlar por la Guardia Civil. Cabe señalar que hace dos semanas se produjo con vertido con amianto en La Ribaza, en Villamediana, en un punto vigilado con cámara y que, precisamente, está desactivada por no contar con autorización. Es más, en 2020 se produjo el asesinato, aún sin resolver, de Venancio Bastida en su domicilio del número 1 de la calle Navarra de Haro. Una cámara de tráfico que enfoca al portal tampoco funcionaba.