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El litigio entre Rebeca Grajea y la dirección parlamentaria de Ciudadanos, grupo donde estuvo enrolada hasta que a principios de año adquirió la condición de diputada no adscrita luego de su abrupta ruptura con la formación naranja, escribe un nuevo capítulo en los tribunales ... de La Rioja. La semana pasada, un auto del Tribunal Superior de Justicia (órgano competente en las cuestiones judiciales entre aforados, como es el caso de Grajea y Ubis) desestimó admitir la demanda interpuesta por la parlamentaria por acoso laboral contra su antiguo portavoz, Diego Ubis. En su auto, el Tribunal se basaba para adoptar esa medida en la inexistencia, a su entender, de relación laboral entre ambas partes. También descartaba que hubiera entre Grajea y Ubis una vinculación de orden jerárquico, condición inexcusable, en opinión del tribunal, para que pueda determinarse la figura de acoso laboral. Ahora, un recurso de súplica presentado por la representación legal de la diputada cuestiona ambas estimaciones y reclama que se reabra la causa contra Ubis.
Según la recurrente, al contrario de lo dispuesto en el auto, sí que existía entre ella y Ubis esa relación jerárquica (el demandado ocupa la presidencia del grupo parlamentario de Ciudadanos) y además entiende en su escrito que también existe un vínculo de índole laboral. «Los hechos denunciados», alega, en alusión a la conducta de Ubis que Grajea estima como acoso, «poco tienen que ver on la condición de parlamentaria». «Debe tenerse en cuenta», prosigue el recurso, «que los hechos denunciados ocurren dentro del despacho que el grupo (Ciudadanos) tiene asignado en el Parlamento». Y agrega: «Un claro ejemplo es que el denunciado (en referencia a Ubis) despidió» a Grajea e incluso le exigió «la entrega de llaves» de las dependencias de la formación naranja en el Legislativo. «La relación entre ambos es claramente laboral y existe relación de superioridad jerárquica», añade la defensa de Grajea.
El escrito de súplica estima que existen «indicios racionales de criminalidad», de donde deduce la conveniencia de que el tribunal acuerde «la continuación de las diligencias previas». El recurso, interpuesto ante la misma instancia judicial que la semana pasado acordó su archivo, anima a practicar dichas diligencias, una medida desestimada en el auto que declinó proseguir con la acusación contra Ubis. Y aporta como prueba de la necesidad de proseguir en la instrucción tanto el contrato laboral firmado por «el denunciado» (Ubis) y Grajea, así como la carta de despido con que ella concluyó su relación con el grupo parlamentario de Ciudadanos una vez que decidió incorporarse como diputada no adscrita.
A juicio de Grajea, en su relación con Ubis ocurrieron lo que llama «indicios de trato hostil» (...) «cometidos de forma sistemática y reiterada»; entre ellos, cita «el clima de hostilidad y humillación» hacia la demandante, donde observaba que el portavoz naranja «ejercía claramente como jefe o superior». Y detalla, como ejemplo de esa conducta de supuesto menosprecio, que Ubis acordó «retribuir» a Grajea «por debajo de lo que corresponde». Requerido por este diario para conocer su opinión sobre la presentación del recurso, Ubis no quiso pronunciarse.
La demanda de Rebeca Grajea contra Diego Ubis por supuesto acoso laboral, desestimada la semana pasada y pendiente aún de dilucidarse luego del recurso presentado el miércoles por la defensa de la exdiputada naranja, representa uno de los variados episodios judiciales donde los antiguos compañeros de escaño dilucidan hoy sus controversias. Grajea, como se deduce del recurso presentado ante el TSJR, tiene interpuesta además una demanda en la jurisdicción laboral por su despido, mientras que por su parte tanto Ubis como los parlamentarios David Vallejo y Tomás Martínez presentaron a su vez una querella por injurias contra Grajea, que sigue adelante toda vez que el acto de conciliación de la semana pasada no prosperó. Ese mismo día, Grajea supo por la prensa que el TSJR no admitía su demanda por acoso, lo cual le llevó a interponer una queja ante la sala de gobierno. Su defensa juzga inapropiado que no se le comunicara antes que a los medios.
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