«Los grupos presentan muchas iniciativas para dar un titular, pero sin interés ciudadano»

Con motivo de la recta final de la novena legislatura, González ha detallado que previsiblemente solo quedan cuatro plenos, que se celebrarán dos en el mes de febrero y los otros dos en marzo.

Sin embargo, los grupos parlamentarios seguirán trabajando en algunas de las cinco comisiones de investigación abiertas esta legislatura, a petición de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos).

En esta legislatura, los grupos han tratado de aclarar la aprobación del Plan General de Villamediana de Iregua -donde el expresidente riojano Pedro Sanz tiene una casa-, la gestión económica de Emilio del Río al frente de la Consejería de Presidencia entre 2013 y 2015, la adjudicación del aparcamiento del CIBIR, el proceso de integración de Caja Rioja en Bankia y la presunta financiación ilegal del PP en La Rioja.

González ha precisado que estas comisiones están todas «paradas», de hecho, la de la financiación del PP se podría haber constituido hace 14 meses, pero los grupos «no han tenido ningún interés y ahora lo plantean a cuatro meses de las elecciones».

«Las comisiones de investigación son una herramienta que no se utiliza correctamente por parte de los grupos», que, en ocasiones, las usan «en beneficio de su partido», más que para obtener información, ha opinado.

En relación a la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, ha puntualizado que podría llegar a cerrarse antes de que acabe la legislatura «si hay interés político», porque solo quedan «unos puntos por acordar», de modo que podría aprobarse en el mes de febrero, pero, para ello, se necesitan dos tercios de la Cámara, que son 22 diputados.

También queda pendiente el proyecto de reforma de la Ley Electoral de La Rioja, para el que los grupos presentaron sus enmiendas en noviembre pasado, después de escuchar las comparecencias de expertos, quienes, en su mayoría, recomendaron mantener en 33 el número actual de diputados autonómicos.

González ha precisado que tendrían que debatirse las enmiendas y si los grupos «se centran en dos o tres temas concretos, también podría aprobarse antes de que acabe esta legislatura», aunque ha reconocido que es complicado.

Ha recordado que actualmente hay cinco proyectos de ley en tramitación en la Cámara regional: el de creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas, el de Participación y Colaboración Ciudadana, el de modificación de la ADER, el de protección de menores y el de medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes para el año 2019.

A su juicio, «habría que sacar adelante estos proyectos de ley impulsados por el Gobierno de La Rioja porque son de interés para los ciudadanos, que es lo que tienen que hacer los políticos: no pensar en su interés, sino en el de los riojanos».

Ha aludido al proyecto de ley de medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes -presentado tras retirar el propio Ejecutivo el de los Presupuestos Generales para 2019 al no contar con el apoyo necesario para su aprobación-, que incluye como novedad la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años para el próximo curso escolar.

«Si este proyecto no sale adelante, sería un error enorme; alguien tendría que explicar a los ciudadanos que no se va a poder financiar la educación infantil de primer ciclo», ha reflexionado.

Respecto a los debates en los plenos, ha considerado que los grupos presentan muchas iniciativas «para dar un titular», pero carecen de interés para los ciudadanos, por lo que ha abogado por «seleccionar más» las cuestiones que llevan a la Cámara.

Tras cinco legislaturas con mayoría absoluta popular, la actual -con 15 escaños del PP, 10 del PSOE, 4 de Podemos y otros 4 de Ciudadanos-, está siendo «distinta», ha constatado, por lo que ha habido que llegar a acuerdos y muchas de las iniciativas se han retrasado «bastante».

Al inicio de la legislatura, ha recordado, Podemos y Ciudadanos criticaban constantemente el Reglamento de la Cámara, «pero, casi cuatro años después, no se ha cambiado y se ha utilizado en beneficio propio».

Según González, los mismos grupos que censuraron que los plazos para tramitar una iniciativa eran muy largos y pedían la reforma del Reglamento, después lo han «utilizado» para pedir prórrogas y ampliaciones para retrasar la aprobación de algunas iniciativas.

Ha reconocido que habría que «adaptar a los nuevos tiempos» algunas cuestiones del Reglamento, «lo que no quiere decir que sea malo».

La presidenta de la Cámara autonómica ha rechazado la profesionalización del Parlamento, ya que requeriría disponer de más espacio y se elevaría sustancialmente el presupuesto de la Cámara -el de 2018, que está prorrogado, ascendió a 5,1 millones de euros- por lo que considera «suficientes» los recursos destinados a los diputados y a los grupos para ejercer el control al Gobierno.