El jefe del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, ha anunciado hoy que el Gobierno riojano va a contratar personal especializado para informar, asesorar y tramitar las devoluciones por las retenciones realizadas en las prestaciones de maternidad y paternidad desde 2014. Los contribuyentes que incluyeron la ... prestación por maternidad en sus declaraciones de IPRF de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 (los anteriores han prescrito), tienen derecho a esta devolución por parte de Hacienda, según dictaminó el Tribunal Supremo.
Ceniceros ha intervenido en el pleno de Parlamento regional para responder a una pregunta formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, sobre si el Gobierno va a ayudar a los contribuyentes riojanos a tramitar estas peticiones, por la no aplicación de la exención del IRPF en esas prestaciones.
«Aunque los técnicos de Hacienda han recomendado esperar unas semanas para comenzar a solicitar esas devoluciones», el Gobierno riojano pretende «ganar tiempo» y contratar personal especializado para informar a los interesados «si tienen derecho a solicitarla, su importe y dónde, cómo y cuándo tramitar esa petición», ha dicho.
Este personal se contratará por la Dirección General de Tributos y en las Oficinas de Atención al Ciudadano (SAC), ha precisado Ceniceros, quien ha asegurado que los contribuyentes riojanos podrán exigir el reintegro de lo que pagaron «indebidamente».
Ha indicado que la cuantía de la devolución variará en función del importe de la prestación percibida y del tipo marginal aplicado a los ingresos del contribuyente.
Sin embargo, ha calculado que una persona con un sueldo de 20.000 euros anuales tendría derecho a una devolución de unos 2.000 euros.
El presidente riojano ha recalcado que para el Gobierno regional es «una prioridad» la lucha contra el fraude fiscal, pero también la devolución de lo tributado «indebidamente».
«Somos conscientes del esfuerzo que hacen todos los días los contribuyentes riojanos para pagar sus impuestos y, por eso, además de mantener nuestra apuesta por tener los impuestos más bajos de España, no podemos permitir que la actuación administrativa les perjudique», ha concluido.
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