El Gobierno riojano investigará la compra de 5,5 millones de mascarillas a Arneplant

En primer lugar, porque la contratación era para mascarillas de uso sanitario (quirúrgicas) y, sin embargo, las aportadas por Arneplant no eran «óptimas» para tal fin, en palabras del consejero portavoz. Asimismo, pese a que la contratación se realizó desde la Consejería de Salud del entonces gobierno de Andreu (PSOE), la recepción del material la hizo la Fundación Riojana para la Innovación (FRI): «Las irregularidades merecen un análisis más exhaustivo y profundo», apuntó Domínguez, quien no descartó que, además de las anomalías administrativas ya detectadas, pudiera haber también «alguna irregularidad de naturaleza económica»: «Vamos a encargar una auditoría externa para conocer el expediente en profundidad, ponerlo a disposición del Parlamento, como hemos hecho con el convenio por la compra de suelo por la Fundación del Envase, y también para que todos los ciudadanos conozcan dicha gestión cumpliendo con la transparencia».

El Gobierno de La Rioja realizó dos importantes contrataciones de mascarillas en plena pandemia, uno con la empresa local Arneplant (por 3,08 millones) y otro con Tec Pharma, por valor de 3,47 millones de euros, la firma granadina que entregó un material que no cumplía los estándares de calidad necesarios y que ahora se niega a devolver los casi tres millones que se les reclaman desde el Ejecutivo riojano.

El caso de Arneplant es diferente, aunque con resultados similares, puesto que se entregó un material que tampoco lo llegaron a utilizar los profesionales sanitarios de la región. Las mascarillas de la firma local, pese a que en el pliego de condiciones requería la condición de que fueran 'quirúrgicas', estaban certificadas como higiénicas si bien la necesidad entonces era apremiante y no se podía esperar al dictamen de la Agencia Especial del Medicamento –quien certifica la condición de todo el material sanitario– porque hubiera tardado meses en producirse.

En cualquier caso, fueron los propios sanitarios riojanos quienes descartaron utilizar las mascarillas de Arneplant por su incomodidad, por lo que el Gobierno de Andreu optó finalmente por repartirlas meses después en centros escolares –aunque varios de ellos tampoco las distribuyeron por dicha incomodidad– e incluso a los ciudadanos en los 'vacunódromos' para la inmunización contra el covid.

Tal y como avanzó ayer el consejero de Hacienda y portavoz, Alfonso Domínguez, una de las irregularidades del procedimiento es que, mientras fue la Consejería de Salud –liderada entonces por Sara Alba y Alberto Lafuente– la que licitó el pliego del contrato por procedimiento de emergencia y la que pagó los 3 millones de euros a Arneplant, fue personal de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI) la que recepcionó la mercancía.

La FRI, ahora extinta estaba dirigida por Nuria San Servando, persona de máxima confianza de la propia Andreu y del director de la Oficina de Presidencia, Eliseo Sastre, mientras que la hermana de San Servando trabajaba por entonces en Arneplant. En aquel contexto varias empresas de calzado fabricaron material sanitario durante la pandemia para echar una mano, aunque sólo Arneplant se especializó en mascarillas hasta el punto de que el Gobierno de La Rioja le llegó a preadjudicar un acuerdo marco por valor de 17,9 millones para más material que, finalmente, no llegó a ejecutarse al renunciar la empresa.

El PSOE acusa al actual Gobierno de La Rioja de «continuar con su estrategia de destruir absolutamente todo y en su afán revanchista se lleva incluso por delante a las empresas riojanas. Una vez más, el Ejecutivo de Capellán anuncia una auditoría externa, con el evidente coste económico que conlleva, para intentar sembrar dudas donde no hay absolutamente nada». Los socialistas, que califican la noticia de «burdo intento» de tapar el caso de los sobresueldos del exgerente del Seris, Jesús Álvarez, califican la actitud del Gobierno del PP de «irresponsable», arrojando sospechas «sobre el trabajo de funcionarios a la hora de conseguir mascarillas en los momentos más críticos de la pandemia y sobre el tejido empresarial riojano. Fuentes del PSOE aseguran además que «las mascarillas cumplían con las máximas exigencias sanitarias, incluso las de las quirúrgicas, aunque no pudieron certificarse porque la acreditación de la Agencia del Medicamento hubiera tardado meses».