El Gobierno riojano defiende la legitimidad de las autonomías para recurrir la Ley de Amnistía

Una afirmación que viene respaldada, dijo, por un dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja solicitado por el Gobierno regional para, precisamente, saber si había base jurídica para interponer el recurso de inconstitucionalidad. La conclusión que le trasladó el órgano de consulta, presidido por José Ignacio Pérez Sáenz, es que sí estaba legitimado para ello.

En su pormenorizado, el Consejo dictamen sostiene que el Estado en su conjunto y, por ende, todas las comunidades «han sido afectadas por el llamado procés, al poner en riesgo la Constitución y la convivencia democrática». De ahí, que el propósito de la Ley de Amnistía de borrar lo ocurrido podría estar conculcando –y, por tanto, legitimando un recurso por parte de La Rioja– las garantías constitucionales de la autonomía.

El documento va más allá de la legitimidad o no de las comunidades autónomas, también entra a valorar, en parte, la ley.Si bien reconoce que la «magnitud» de los fines que se persiguen convierte en proporcionada una medida como la amnistía, «su aplicación puede generar situaciones equivalentes a las que se pretende revertir: tensión política, desafección y merma de la convivencia social». Las consecuencias de la amnistía desactivarían, a juicio del Consejo, la proporcionalidad de la medida.

También entra en harina al valorar anteriores amnistías. Recuerdan que se ha hecho uso de este instrumento sin que haya sido declarado inconstitucional, pero reconoce que las aplicadas hasta el momento no anulaban condenas ni exigían una previa regularización, se refiere el documento a las fiscales. Nada comparable a la que se pretende aplicar a los condenados por el procés «que afecta a delitos muy graves, que han puesto en riesgo la propia integridad constitucional». Además, la amnistía actual ciñe sus efectos a «determinados destinatarios, mientras que para el resto las normas siguen siendo aplicadas en toda su extensión».

El órgano de consulta también entra a valorar otras cuestiones. Aunque reconoce que se trata de un juicio político «que no nos corresponde», entiende que la falta de consenso «merma su legitimidad sustancial y expande la contestación social, pero ello, no invalida la ley ni la convierte en inconstitucional».

El dictamen está trufado de otro tipo de valoraciones que hacen dudar al Consejo Consultivo sobre la finalidad de una medida de gracia «que se concede sin una vinculación clara con el valor de la justicia y sin exigir o atender a ningún cambio en la sociedad o en los amnistiados». Esto último, es decir, el hecho de que no se exija a los beneficiarios un mínimo compromiso «empañaría la idoneidad de la ley».

El órgano de consulta cuestiona también el objetivo de la norma. En su preámbulo detalla que persigue devolver al debate parlamentario «las tensiones que siguen tensando las costuras de la sociedad» y, sin embargo, no precisa porqué no ha sido posible aplicando la normativa penal.