La Universidad de La Rioja recibirá 85,5 millones de euros con un nuevo modelo de financiación

El Gobierno regional y la Universidad de La Rioja suscribieron este martes, en la Sala de Juntas del Rectorado, el convenio de financiación de la entidad educativa, que incorpora varias novedades con respecto a los anteriores. Se trata, en primer lugar, de un acuerdo bienal y no anual, lo que aporta una mayor estabilidad presupuestaria para la UR. Además, incorpora por primera vez partidas ligadas al desarrollo de la actividad universitaria en sus tres ámbitos: la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Tanto la presidenta Andreu como el rector, Juan Carlos Ayala, valoraron la importancia de introducir este sistema, aunque de momento su impacto se reduce al 2,5% del monto total del convenio. Si se cumplen todos los indicadores, la UR recibirá 85,5 millones de euros en los años 2022 y 2023. «Este modelo es importante porque sirve de estímulo para conseguir objetivos», señaló Ayala, aunque reconoció que un cambio de esta envergadura «necesita tiempo» para ir cuajando.

Además de esta financiación ligada a resultados, el mayor monto del acuerdo (superior al 97%) se dirigirá a asegurar el funcionamiento estructural del campus, para que la UR disponga de los recursos suficientes para asegurar la docencia, el estudio y la investigación. «Nuestro deseo común es que la Universidad esté más cercana a la sociedad, de manera que sea un servicio público que asuma con eficiencia los desafíos que le presente la sociedad», subrayó el rector.

La presidenta recordó la importancia de la UR como «palanca eficaz para la evolución del modelo productivo de la región» y como «la mayor fuente de conocimiento» de la que dispone la comunidad autónoma. Concha Andreu aseguró que su gobierno había incrementado «de forma notable» la financiación del campus riojano, «desde los 35,4 millones de 2019 hasta los 43,8 que recibirá en 2023», con lo que la inversión total en educación del Gobierno de La Rioja aumenta hasta el 4,72% del PIB «y está ya cerca de nuestro objetivo, que es el 5%».

El convenio introduce una tercera posible forma de financiación, al contemplar partidas «singularizadas» que puedan abordar inversiones en infraestructuras, planes conjuntos de investigación y formación de personal investigador. Finalmente, se acuerda constituir una comisión de seguimiento, integrada por cuatro personas de la comunidad universitaria y otras cuatro del Ejecutivo autonómico, para analizar «la correcta ejecución de lo establecido en el convenio».

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