El Gobierno riojano acumula 214 reclamaciones patrimoniales por más de 7,7 millones de euros

El titular exige una lectura más en detalle, porque ni todas las consejerías están igual de concernidas en este tipo de demandas ni tienen la misma dimensión. De hecho, prácticamente tres cuartas partes del dinero que se le reclama al Ejecutivo riojano por malas praxis corresponde solo a tres casos. Uno es de la joven 'intercambiada' en las incubadoras del hospital San Millán en 2002, por lo cual exige al departamento que ahora dirige Sara Alba una indemnización superior a los tres millones de euros. Los otros dos remiten a la Consejería de Agricultura: el afectado en uno es una bodega que pide 2.232.000 euros, y en el otro, una productora de miel que pide 570.545. La protección de datos oficiales y la discreción impiden profundizar en los detalles y causas de estas y las demás demandas.

Por volumen de reclamaciones, la de Sostenibilidad y Transición Ecológica es la consejería que más acumula. Un total de 133 que, sin embargo, suman una cantidad económica muy menor en comparación con otros departamentos: algo menos de 113.000 euros. Se trata, además, de peticiones vinculadas mayoritariamente a dos circunstancias. Por un lado, los ataques de lobos a la cabaña ganadera, y por el otro, los daños causados por la irrupción en la calzada de animales de especies cinegéticas. Los damnificados plantean al departamento que ahora comanda Álex Dorado 22.368 euros en un caso y 35.417 en el otro.

Salud es otra de las áreas donde la responsabilidad patrimonial está más presente. Además de tratarse de la cartera donde la cuantía agregada es más elevada, todo indica que la cantidad será mayor, ya que es probable que los padres de la segunda niña entregada erróneamente a otra familia en 2002 también siga los pasos de la primera afectada. Según la información facilitada desde el Palacete, están asimismo sobre la mesa cuatro reclamaciones correspondientes a establecimientos hosteleros y gimnasios de la comunidad por el quebranto que sus propietarios han sufrido durante la pandemia, aunque resta por concretar el importe reclamado.

El balance de situación se completa con los casos vinculados a Hacienda, Educación y Desarrollo Autonómico que constituyen una minoría por número y exigencias monetarias.

¿Cuál es el trámite para formalizar las reclamaciones patrimoniales? ¿Cuántas prosperan? ¿De dónde sale el dinero? El procedimiento se activa a través de un escrito que el afectado debe presentar señalando cuál es el perjuicio sufrido por el mal funcionamiento de la Administración y un dato imprescindible: el importe que estima que debe abonarse. El documento es recepcionado por la Secretaría General Técnica, el órgano competente para resolver en cada consejería concernida. Después de solicitar a la dirección general correspondiente los datos en un plazo de 15 días para articular su decisión, la SGT hace una propuesta de resolución que remite a los servicios jurídicos para recabar un informe que, en caso de que la demanda supere los 50.000 euros, también solicita al Consejo Consultivo. Ambos análisis son preceptivos, pero no vinculantes.

Comunicada la resolución –o transcurridos seis meses tras los que se entiende un silencio negativo– se abre la vía judicial, previa a la cual el interesado tiene opción de presentar recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución. Si no es el caso, dado que es improbable un cambio de criterio por la misma fuente, entra la vía contencioso-administrativa: en el juzgado si la demanda es inferior a los 30.500 euros, y a la sala análoga del TSJR si es superior a esa cantidad.

En caso de que la Justicia falle al final del proceso en contra de la Administración, en los presupuestos de cada consejería hay consignada una partida para afrontar los pagos. En algunos casos es fija –los ataques de lobos, se rigen por una tabla estandarizada– y en otros como en Salud se acompaña de un seguro de responsabilidad civil en previsión de una cobertura más exigente.