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La tensión existente entre la Consejería de Educación y los colegios concertados se agudiza. El Gobierno regional anunció este lunes su intención de establecer un canal de negociación «directo» con el profesorado de esta red, al margen de los centros. La idea es que, «una ... vez concluida la vigencia de cuatro años» de la Mesa Sectorial de la Concertada se constituya una específica para «tratar de forma directa» con los profesores y, con independencia de ella, se cree «un foro de diálogo» con los colegios que estaría centrado en «la organización» de los centros.
La noticia cayó «como una bomba» en Escuelas Católicas La Rioja y la Plataforma por la Libertad de la Enseñanza. La portavoz de ambas organizaciones, Ana Isabel Preciado, acusó al Gobierno de «echarnos de la mesa» y de «dividir para vencer», y cuestionó seriamente una medida que viene «del gurú de la convivencia y del diálogo», en referencia al consejero Pedro Uruñuela.
El Ejecutivo hizo público su comunicado a las 13.29 horas de este lunes, marcado por el puente festivo, aunque lectivo. En él explicó que, «a través de la Consejería de Educación», ha dado «por finalizado el acuerdo de celebración de la Mesa Sectorial de la Concertada». Un foro establecido «con las organizaciones patronales y de titulares de centros, y sindicales más representativas en el sector de centros de enseñanza privados sostenidos -enfatizó- con fondos públicos».
Según sus explicaciones, «se ha cumplido el plazo de vigencia inicial de cuatro años del acuerdo firmado en 2018 por el que se creó la Mesa de la Concertada, que incluía a sindicatos y patronal». En lugar de reeditarlo tal cual, la Consejería «planteará ahora a los sindicatos representantes del profesorado de la red concertada la constitución de una mesa sectorial de estructura y organización similar a la ya existente con la red pública». Y, al mismo tiempo, «emplazará a la patronal a proseguir también la relación en otro foro más adecuado».
El Gobierno añadió que «la conocida como Mesa de la Concertada es una estructura de interlocución entre la Administración autonómica y esta red educativa que se creó en el año 2018, con la particularidad de incluir en la misma a sindicatos y patronal de la red concertada de la región». Una vez «concluido el periodo inicial de vigencia de cuatro años por el que se firmó», desde el Ejecutivo riojano se va a plantear a los sindicatos de esta red (USO, FSIE, CCOO y UGT) la formulación de una mesa sectorial propia y similar a la ya existente en la pública, en la que poder tratar de forma directa las diferentes problemáticas que afectan a los profesores y profesoras de esta red, cuyos salarios son pagados íntegramente por la Administración Autonómica».
Por otro lado, se propondrá a la patronal «la creación de un foro de diálogo e interlocución en el que tratar de forma directa los aspectos que le atañen en lo relativo a la organización de los centros educativos».
La propuesta causó «enorme enfado» en Escuelas Católicas La Rioja y la Plataforma por la Libertad de la Enseñanza porque, «aunque es verdad que como fecha se puso 2018, la Mesa de la Concertada existe desde que se transfirieron las competencias, al igual que ocurre en otras autonomías». Por tanto, el anuncio del Gobierno de «crear dos foros» sólo persigue «dividir» internamente «a la hora de las votaciones» y «echar de la mesa» a los centros.
Uno de los primeros en reaccionar ha sido el sindicato FSIE-Rioja, que ha criticado la propuesta del Ejecutivo de cambiar el modelo a tres partes por dos mesas o foros diferenciados. «Para mantener un plano real de diálogo y de negociación, es necesario escuchar los puntos vista y los posicionamientos de las tres partes a las que atañe el concierto educativo», señalan a través de una nota.
«La denuncia, por parte del Gobierno de Concha Andreu, del acuerdo sobre constitución, composición y funcionamiento de la Mesa Sectorial, que supone su desmantelamiento, es un despropósito que solo se puede interpretar como un castigo que su Gobierno dirige al sector de la enseñanza concertada», añade el sindicato, que lo califica como un «castigo» consecuencia, a su juicio, de las peticiones realizadas por las organizaciones de los trabajadores a la Consejería.
FSIE se pregunta si «esta medida de carácter marcadamente despótico, obedece a una estrategia simplista y cortoplacista por parte del Gobierno regional para eludir la negociación con el sector o para demorar la posibilidad de alcanzar unos acuerdos que son ya inaplazables y que tienen por único objetivo equiparar las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la enseñanza concertada con los de la enseñanza pública, así como los recursos humanos y materiales que se brindan a los centros de ambas redes».
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