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El Consejo de Gobierno de La Rioja autorizará el viernes a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma la interposición ante la Audiencia Nacional de una demanda judicial contencioso-administrativa para reclamar que se constituya la comisión bilateral prevista en el artículo 46 del Estatuto ... de Autonomía, que prevé compensaciones por los perjuicios que la comunidad sufre debido al 'efecto frontera' con el País Vasco y Navarra.
«No hemos recibido ninguna respuesta ni se espera por parte del Gobierno de España, así que nos vemos obligados a acudir a un proceso judicial con su correspondiente sentencia y la Justicia dirá», ha explicado, en declaraciones a Diario LA RIOJA, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, que ha concretado que la demanda se presentará a principios de la próxima semana, una vez concluido este 26 de marzo el plazo de un mes dado a La Moncloa en el requerimiento remitido el pasado 15 de febrero.
El Gobierno de La Rioja mantiene así el camino iniciado en septiembre del pasado año, con la reunión mantenida en La Moncloa por José Ignacio Ceniceros y Pedro Sánchez, con la posterior carta remitida un mes después al Gobierno de España y en el encuentro que en noviembre mantuvo el jefe del Ejecutivo regional con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, citas en las que el Gabinete regional entendió que se habría avanzado en la financiación íntegra de las obras del Instituto Sagasta como se había pactado con el anterior Ejecutivo de España liderado por Mariano Rajoy.
El secretario general del PSOE La Rioja y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, Francisco Ocón, ha acusado al Gobierno de La Rioja de llevar a la Justicia la compensación por el efecto frontera que contempla el artículo 46 del Estatuto que quiere abolir el Partido Popular de Pablo Casado
En una comparecencia en el hall del Parlamento de La Rioja, Ocón ha anunciado que su grupo llevará al pleno de este jueves, 28 de marzo, una proposición no de ley relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a defender la vigencia del artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía como mecanismo de financiación bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma de La Rioja, y a rechazar frontalmente cualquier propuesta que quiera acabar con este mecanismo bilateral de financiación.
El secretario general socialista ha defendido la iniciativa al recordar que «hace un mes hubo una convención territorial del Partido Popular en Toledo en la que se aprobó su compromiso de acabar con cualquier mecanismo de bilateralidad en materia de financiación entre el Estado y las comunidades autónomas, una propuesta que resulta contradictoria con la defensa de la compensación por el efecto frontera, porque el artículo 46 del Estatuto es un pacto bilateral entre el Estado y La Rioja».
«Lo que nos dijo el señor Casado es que va a acabar con el artículo 46; es decir, el Partido Popular nos ha dicho que cuando nuestro Estatuto de Autonomía entre en las Cortes para su tramitación lo va a enmendar a la contra», ha resaltado Ocón que ha exigido aclaraciones a Ceniceros, a quien ha acusado de «tratar de ocultar todo esto».
Frente a la decisión del Partido Popular en su convención, el dirigente socialista ha antepuesto «la hiperactividad del Gobierno de La Rioja con este asunto y, después de 20 años sin haber sido activado el artículo 46, y si alguien dice lo contrario está mintiendo, porque no se hizo ni con Riojafórum ni absolutamente con nada, lo van a llevar a los tribunales, a la Audiencia Nacional, un camino que el Partido Popular tiene muy bien aprendido porque la visitan más que el Congreso».
«Van a los tribunales a defender lo que quiere abolir el PP de Casado, que entiendo que es el PP de Ceniceros aunque entre ellos no se lleven bien», ha criticado Ocón que ha advertido al Ejecutivo de Ceniceros de que «no se puede estar intentando que se haga en ocho meses de Gobierno del Partido Socialista lo que no se ha hecho en 20 años desde el Gobierno del PP de La Rioja, que ni siquiera ha encargado jamás un estudio de impacto económico del efecto frontera».
Sin embargo el silencio de La Moncloa llevó hace dos meses al Gobierno de La Rioja a endurecer su postura: el jefe del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, anunció que el 15 de enero se iniciaba un mes de plazo para la constitución de la comisión bilateral. Con el silencio por respuesta, desde el Palacete de Vara de Rey se optó por la vía judicial. Como paso previo a la interposición de la demanda judicial, el Consejo de Gobierno del pasado 15 de febrero remitió un requerimiento en el que daba otro mes de plazo al Ejecutivo central y solicitaba la convocatoria de la comisión bilateral el 21 de marzo, para la que aportaba incluso un orden del día con cinco puntos: constitución de la comisión mixta del artículo 46. 2, determinación estimativa del importe de compensación a La Rioja, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; esfuerzo y presión fiscal de La Rioja por el 'efecto frontera'; nivel de intensidad de ayudas públicas a empresas, con relación al PIB, de La Rioja derivada de su situación limítrofe con otros territorios; y aplicación de los principios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial, y su efecto en el sistema de financiación autonómico.
«Hasta ahora nos encontrábamos en un marco de lealtad y relaciones políticas, pero hoy cambiamos al escenario contencioso-administrativo, a la vía judicial», anunciaba ese día Alfonso Domínguez en el inicio de un nuevo plazo que ha expirado hoy, 26 de marzo.
Consultado sobre la dilatación del proceso en la Audiencia Nacional y la posibilidad de que, tras las elecciones del 28 de abril, pueda haber un Gobierno de España de otro color político al actual cuando se haga pública la sentencia, el consejero riojano ha defendido que «nosotros peleamos por los intereses de la comunidad autónoma independientemente de cuál sea el Gobierno que haya en España».
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