El Gobierno de La Rioja anunciará la próxima semana los precios del comedor escolar y nuevas ayudas

Da igual el asunto. La confrontación ha estallado en todos los ámbitos: en el educativo, en el sanitario, en el económico... En cuanto al primer epígrafe, el rifirafe a cuenta del servicio de comedor escolar, lo han protagonizado la diputada socialista María Teresa Villuendas, y el consejero del ramo, Alberto Galiana. Según la representante del PSOE, el precio del comedor escolar, que desde enero pasado subió a 6,82 euros, ascenderá a entre 7,17 y 7,95 euros a partir de septiembre, lo que supone un incremento de entre el 53 y el 75% respecto a los 4,59 hasta diciembre de 2023. «Es un aumento prácticamente inasumible para muchas familias riojanas, sobre todo para las 1.300 que no tienen beca de comedor, y, además, convertirá a La Rioja en la comunidad más cara mientras la calidad está por ver». «Si no financian adecuadamente este servicio van a ser responsables de convertir este servicio exclusivamente para privilegiados», ha añadido, para advertir de que «este problema requiere una respuesta urgente ya».

En su intervención, el titular de Educación ha anunciado que la próxima semana comparecerá en el Parlamento para anunciar todas las novedades relacionadas con el servicio de comedor escolar, entre las que ha señalado las empresas adjudicatarias, los precios y «también hablaremos de todo lo que tiene que ver con las becas».

«Los precios han subido, es cierto», ha reconocido Galiana, quien ha justificado ese alza en tres cuestiones: «En primer lugar, el contrato que heredamos tenía un precio anomalamente bajo, porque prevalecía el criterio económico frente a otros; en segundo, ha habido un incremento del IPC, sobre todo en innovación; y, finalmente, tiene que ver con el incremento de la calidad que se va a dar, que es uno de los compromisos asumidos también por esta Cámara y que obliga a subir precios».

El consejero también ha negado la mayor, la acusación de que es un servicio para privilegiados y ha aseverado que «el servicio está siendo más usado y hay más comensales, en enero eran 3.765 y en mayo, más de 4.100». En este sentido, tras recordar el incremento en las becas aprobado en enero pasado, 590.000 euros para el curso 2023-2024«, ha anunciado nuevas novedades en referencia al ya anunciado impulso a la gratuidad de los comedores escolares en el tramo de 0 a 3 años.

Tampoco ha habido acuerdo alguno en las áreas relacionadas con la consejería de María Martín, Salud y Políticas Sociales. Tras el rifirafe entre el portavoz socialista Javier García y el presidente Gonzalo Capellán a cuenta de Atención Primaria, el testigo ha sido recogido por el diputado del PSOE Miguel González de Legarra y la titular del ramo, María Martín, para trasladarlo hasta el hospital San Pedro,en concreto a su gerencia.

Desde la bancada socialista, Legarra ha recordado el cese del anterior responsable, Jesús Álvarez, por el cobro de «sobresueldos ilegales» pese a, ha resaltado, la «excelente gestión» en la reducción de listas de espera que le reconocía la propia consejera. Y tras fijar el punto de mira, ha disparado: «¿Qué criterios han determinado la elección del nuevo gerente del Seris?», ha interrogado para recordar que Luis Ángel González había sido cesado en Castilla y León precisamente por «sus malos resultados en la gestión del Hospital de Salamanca, donde las listas de espera quirúrgicas subieron hasta los 179 días».

En su réplica, especialmente contundente, la consejera María Martín, tras asegurar que el nuevo gerente fue contratado por «su extensa formación y experiencia en gestión sanitaria», ha exigido a los socialistas que «dejen de ser tan rastreros y de meterse en temas personales. No tienen vergüenza, cuando estaban en el Gobierno se dispararon las listas de espera y, además, llamaban atención continuada fuera de jornada ordinaria a lo que ahora llaman sobresueldos«.

Tampoco se han templado los ánimos en el siguiente choque mantenido entre María Martín y su antecesora en la consejería, la socialista María Somalo, quien ha acusado al Gobierno de La Rioja de no asistir a la reunión técnica entre ellas comunidades y el Ministerio de Derechos Sociales para ultimas la puesta en marcha del programa de Tarjetas Monedero para el reparto de alimentos a familias en riesgo de exclusión con menores a cargo.

Tras negar la acusación -»No sé quien les informa, pero sus espías últimamente fallan más que una escopeta de feria, porque sí asistimos a esa reunión», le ha espetado la consejera-, ambas han vuelto a chocar a cuenta del propio nuevo programa. Mientras María Somalo ha criticado que La Rioja no haya implementado ya un programa que «lleva tiempo funcionando de manera satisfactoria en otras comunidades autónomas», María Martín ha lamentado «antes, a través del Banco de Alimentos, recibían atención casi 14.800 personas en La Rioja, pero con el cambio de programa y este maravilloso ministerio se va a pasar a dar alimentos a solo 400 familias riojanas», ha criticado para garantizar el apoyo del Ejecutivo regional a las que han quedado fuera de dicha cobertura.

En un pleno con una duración prevista de casi nueve horas da para todo, también para hablar de impuestos. El asunto lo ha llevado al atril el diputado de Vox Ángel Alda, quien ha preguntado al Ejecutivo riojano por su promesa, no cumplida de eliminar el Impuesto de Patrimonio, que ha calculado ronda los algo más de cuatro millones de euros. En su respuesta, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, tras corregir al diputado -«la recaudación es mayor, está entre 12 y 15 millones de euros»- ha aseverado que «cumpliremos con nuestro programa electoral y, como hemos hecho ya, con cinco reducciones de impuestos en tan solo un año, se eliminará también el de patrimonio».