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«Una metedura de pata», porque «donde debía poner 'armonización'» sobre el Impuesto de Patrimonio «se puso 'supresión». Así es como el consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, ha justificado esta noche el contenido del documento remitido al Ministerio de Hacienda por su ... departamento «hace tiempo», con los planteamientos de la Comunidad al plan fiscal autonómico que el Gobierno central prepara junto a un comité de expertos. González, quien a primera hora de la tarde lo negaba, ha admitido a este diario que no redactó el texto, pero sí lo visó antes de su remisión a Madrid, y que «en realidad» lo que el Gobierno de La Rioja se proponía es «forzar» una posición favorable de la comisión especialista a la concordancia del tributo en todas las comunidades de régimen común, «porque de lo contrario no sirve de nada« si »en una autonomía no se paga nada« en referencia a Madrid, y »en otras, su totalidad«. La diputada de Izquierda Unidad, Henar Moreno, ha calificado de »traición« al pacto de gobernabilidad el planteamiento escrito de la Hacienda riojana, pero ha matizado que »no nos preocupa, porque sabemos que no lo van a hacer«, lo que pone a salvaguarda la primera legislatura de Concha Andreu.
González, ha asegurado que La Rioja ha planteado al Ministerio de Hacienda la necesidad de fijar «una armonización» autonómica en el Impuesto sobre el Patrimonio, porque «no puede ser que en algunas comunidades se pague cero y en otras, su totalidad». La propuesta del Ejecutivo regional está incluida en un documento que la Comunidad le hizo llegar al departamento que dirige María Jesús Montero, una vez constituido el comité de expertos que le asesorará en la elaboración de un plan fiscal.
González ha apuntado que la posición del Gobierno regional es «que exista una armonización fiscal» en todo el país ante este impuesto, uno de los tributos cedidos por el Estado a las comunidades de régimen común. En la actualidad, una autonomía, Madrid, lo tiene exento, mientras que en La Rioja se tributa el cien por cien.
El consejero ha incidido en que el Gobierno regional «está de acuerdo con este impuesto» que, además, «está dentro» del pacto de gobernabilidad con Izquierda Unida, coalición que siempre ha señalado la recuperación de ese impuesto en La Rioja como un compromiso irrenunciable.
El consejero ha salido así al paso de una información publicada por El Mundo, en la que el periódico nacional informaba de que en el documento de propuestas remitido por La Rioja al Ministerio de Hacienda se sugería la supresión de este impuesto. Según este diario, la Comunidad argumentaría en su texto de «dos folios» que «uno de los impuestos que más diferencias entre territorios presenta es el Impuesto sobre el Patrimonio; sin embargo, supone una recaudación sobre el total de lo recaudado en impuestos cedidos inferior al 1% (0,7%, en 2019, 0,6%, en 2020)». Por ello, el Ejecutivo de La Rioja propondría «eliminar esta figura», en contra del criterio mantenido por el Gobierno de España y alineándose con la posición de la Comunidad de Madrid, «puesto que, fundamentalmente, su finalidad es censal y no propiamente recaudatoria».
«Se ha interpretado mal». Esta ha sido la explicación que el consejero de Hacienda dio a la información publicada por El Mundo, si bien ha admitido no haber «considerado» ejercitar el derecho de rectificación ante el periódico de tirada nacional, así como tampoco llamar al Ministerio que dirige María Jesús Montero. González ha subrayado que su planteamiento es «armonizar» este tributo en todo el país, «porque lo que no puede ser es que unas comunidades se pague cero y en otras la totalidad», y ha recordado que la restauración de este impuesto es una condición del pacto de gobernabilidad con IU y «una cuestión de justicia fiscal».
Hasta el 2019, la recaudación por Patrimonio en La Rioja ascendía a unos 4,1 millones de euros. En 2021 (entró en vigor con la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2020), este tributo ha dejado 15,1 millones en las arcas regionales, según las estimaciones de Hacienda.
Este tributo nació en 1978 sin un ánimo recaudatorio, si no como un mecanismo de control para tener un censo de bienes susceptibles de generar rentas de capital. Durante mucho tiempo, el mínimo exento y los tipos de gravamen se mantuvieron muy bajos. A modo de ejemplo, en 2007, casi doce mil riojanos tributaron por este impuesto, y en 2019 lo hicieron menos de 2.300 contribuyentes.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo suprimió en 2008 y el de Mariano Rajoy lo recuperó en 2011, en la etapa más aguda de la crisis económica y financiera de la pasada década, si bien el mínimo exento subió de 120.000 a 700.000 euros. Pero, al no estar homogeneizado en todo el país, la tributación no es la misma para todos los contribuyentes en todas las comunidades, ya que en Madrid está liberado completamente y en La Rioja, aunque llegó a bonificarlo hasta el 75%, ahora está recuperado en su integridad.
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