El Gobierno de La Rioja reclamará judicialmente la factura hospitalaria de 45.000 euros que dejó Ghali

Se trata de los 45.568 euros que costó el tratamiento, durante 44 días, del líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática en el centro logroñés. Según explica el Gobierno de La Rioja, que ahora reclamará judicialmente el importe adeudado, el 1 de julio de 2021 se emitió la primera factura a nombre de Mohamed Benbatouche, nombre falso con el que Ghali entró a España, y el 2 de septiembre, al no recibir respuesta, se remitió el caso a la Dirección General de Servicios Jurídicos. El departamento reveló algo que ya era obvio y bien conocido: no era a Benbatouche a quien se había tratado, por lo que se devolvió el caso al hospital.

No fue hasta el Día de los Inocentes de 2022 cuando se conoció oficialmente un domicilio de Ghali y se reenvió la cuenta. Pero tampoco era el correcto. Ahí terminaron las pesquisas hospitalarias. En marzo de 2023, expirados los plazos legales, el caso volvió a Servicios Jurídicos, que localizó en Madrid el último domicilio conocido de Ghali. Con ese dato, ahora comenzará la reclamación judicial, que se presentará en el juzgado madrileño correspondiente

«Se trata del procedimiento habitual de reclamación de asistencia sanitaria a un extranjero no asegurado», explica el consejero Alfonso Domínguez. También recuerda que estas personas sin derechos asistenciales «deben hacer un reconocimiento del coste del ingreso», trámite que «también cumplimentó Ghali», aunque no ha cumplido.

Por su parte, desde el PSOE se alega que el anterior Ejecutivo fue el que trasladó el requerimiento de pago «como con cualquier otro paciente deudor», aunque Domínguez critica que el proceso «estuvo inactivo muchos meses».

El del líder saharaui fue un caso que puso a Logroño como epicentro de una polémica que acabó siendo un quebradero de cabeza para La Moncloa. Ghali, enfermo de covid, llegó el 18 de abril a Zaragoza desde Argelia en un avión junto a un equipo médico y bajo la falsa identidad de Mohamed Benbatouch. Allí le esperaba una ambulancia del Seris que lo trasladó a la Unidad de Medicina Intensiva del San Pedro, donde fue ingresado en el más estricto anonimato.

El 2 de junio, Ghali volvía a Argelia vía Pamplona, tras semanas en las que su presencia se convirtió en una polémica que fue subiendo de tono y que llegó a todas las instituciones del Estado, con varias investigaciones judiciales abiertas a causa de su entrada en el país y del conocimiento que tenían las autoridades de su llegada. El entonces gerente del Seris, Alberto Lafuente, la funcionaria que firmó el alta del saharaui, el en ese momento jefe de la Oficina de la Presidenta, Eliseo Sastre, y el responsable de la unidad en la que ingresó, Fernando Martínez Soba, fueron requeridos por un juez zaragozano para prestar declaración.

En este caso llegó a estar imputada la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aunque la Audiencia Provincial de Zaragoza cerró el caso en mayo de 2022. Sin embargo, ella fue cesada y Pablo Iglesias llegó a asegurar que Pedro Sánchez había entregado la cabeza de González Laya a Mohamed VI.

Pero más allá de esas derivadas judiciales (siempre exprimidas políticamente) que durante meses acompañaron a la polémica llegada y salida de Ghali de España, lo que es incuestionable es la crisis diplomática que se planteó entre Rabat y Madrid. El 17 de mayo, después de semanas de desavenencias y presiones, más de 8.000 marroquíes (más de 1.500 menores) atravesaron la valla de Ceuta o entraron por mar a la ciudad autónoma ante la laxitud de las fuerzas policiales del reino alauí.

En marzo de 2022, Sánchez protagonizaba un cambio inédito en la política exterior española avalando la propuesta marroquí de contar con el Sáhara como una región autónoma en vez de un estado independiente, lo que también ha provocado graves diferencias entre la izquierda española.